Sin la fuerza de la ley será difícil la armonía

Cuando los pueblos buscan vivir en paz, generalmente confunden principios y equivocan sistemas; creen, muchas veces, que las posiciones extremas son las que “doblan el brazo” de quienes tienen poder y recurren a todo tipo de sistemas que están muy lejanos del diálogo, la concertación y la concordia. Exigen dialogar con las principales autoridades, pero bajo sus condiciones y, por supuesto, sobre la base de que se aprueben sus exigencias.

Dialogar con imposiciones o condiciones de una u otra parte, no tiene mérito porque generalmente se llega a situaciones más controvertidas que las vividas. El hombre, por principio, no siempre está dispuesto al diálogo, a la componenda porque, en su soberbia, cree que él siempre tiene la razón y que los interlocutores que tenga para dialogar están equivocados. Esta premisa es falsa y contraproducente, especialmente cuando no se ha llegado al fondo del tema o las cuestiones que son motivo de la junta o reunión que dialogue, que establezca posiciones.

Lo grave es que, por parte de quienes tienen poder político, económico y social como es el caso de los gobiernos, y, por otro lado, de los que buscan solución a sus problemas o conseguir beneficios que logren, aún sin tener razón, no hay sometimiento completo a las leyes. Y la ley, hay que decirlo, se estudia, se aprueba y se pone en vigencia porque se entiende que está hecha sobre bases de equidad, ecuanimidad y justicia, y que ha sido redactada bajo el principio de que todos tienen derecho a los beneficios legales y, mucho más, al respeto de los derechos humanos; entonces, no caben imposiciones, chantajes, exigencias “hasta las últimas consecuencias” (que no se sabe cuáles son y cuándo puedan llegar), amenazas que lleguen hasta el extremo del bloqueo que no es otra cosa que práctica del terrorismo.

Los extremos a que se llega, se deben generalmente a que no hay sometimiento total a las leyes; en otras palabras, no se toman en cuenta las condiciones primigenias de respeto hasta llegar a principios de justicia. Cada parte no sabe de las leyes y, cuando las conoce, cree estar dentro de ellas y no acepta que la parte contraria también lo esté. Esto, lisa y llanamente, es apoyar a las leyes en tanto y en cuanto son parciales y beneficien sólo a una parte, y cuando esa ley no prohíbe extremos que son contrarios a las partes y es destructora de los derechos que todos tienen; en otras palabras, se buscaría el predominio de la fuerza sin darse derecho a la fuerza de la ley que es componedora, árbitro, guía, jueza y patrona de las soluciones.

Cuando los gobiernos buscan dialogar exclusivamente bajo sus condiciones y puntos de vista, equivocan los caminos porque olvidan que la otra parte puede tener tantas o más razones que la autoridad que, en casos, no conoce o no cumple con los procedimientos legales. Muchas veces sólo los gobiernos de facto o inconstitucionales incumplen las leyes o las imponen conforme a sus necesidades y conveniencias, lo que significa no respetar el derecho de los demás; y ello es, en concreto, dictadura y, en casos, tiranía, conforme a los métodos que se utilice.

Conocer, tener conciencia de la Constitución y de las leyes, se llama, simplemente, Derecho de la Ley; lo contrario, es el derecho de la fuerza que busca imponerse porque se basa en la soberbia y la petulancia. Los gobiernos que no son gobiernos porque no administran el país conforme a lineamientos legales, no pueden tener la confianza ni el apoyo de la colectividad; al contrario, se granjean el rechazo, porque infunden miedo y siembran dudas sobre la buena fe de las autoridades. El pueblo querría siempre que esas autoridades ciñan sus actos a la legalidad plena en el cumplimiento de sus deberes bajo las condiciones de respeto, caridad, equidad y justicia. Todo esto, infelizmente, no se da siempre porque son las posiciones de fuerza con hechos que lastiman y falsean la verdad; son acciones que determinan reacciones porque nada puede ser más dañino ni perjudicial para la vigencia de la justicia que las acusaciones sin pruebas ni fundamentos.

Cumplir las leyes debe ser norma de conducta de quienes poseen poder político, económico y social al igual de quienes actúan como gobernados y no están dotados de los beneficios de poder alguno. Por todo ello, urge tomar conciencia no sólo por los propios derechos sino, muy especialmente por los de los demás como medio seguro para el reinado de la paz y la concordia entre todos.