En el grave entuerto que significa la desocupación por falta de fuentes de empleo, surgen a diario nuevas formas de ingreso a la economía informal, al llamado comercio “gremialista”, a la organización de grupos bien conformados que ingresan en el campo de la venta de alcohol, tabaco y drogas. Entre los muchos negocios aparecidos a partir del año 2006, está el de la ropa usada que llegó a superar los 200 millones de dólares anuales, según entendidos en el negocio y, además, partícipes del mismo.
De un total de más o menos 25 mil personas que fueron inicialmente, los comercializadores de ropa usada son ahora, más o menos, 250 a 260 mil personas. La explicación que dan ellos mismos es que ante “la imposibilidad de conseguir empleo, se presentan dos caminos a los desocupados: el cooperar con el narcotráfico a través de cultivar coca o el del contrabando y, dentro de este extremo, está el de la ropa usada que implica buenas ganancias”.
Quienes desestiman ropa usada con muy poco uso radican en los Estados Unidos y en Europa y se deshacen de la ropa que usaban, según las estaciones climatéricas, y la reemplazan con nueva que en próxima estación ingresa al rubro de “vendible” y con precios muy bajos, la que en los países pobres y subdesarrollados adquieren precios altos y sostienen la economía de quienes necesitan ganar el sustento diario a más de dar ingentes ingresos a potenciales intermediarios.
El Gobierno ha intentado, en diversas oportunidades, poner coto al negocio; pero infructuosamente, porque es más fuerte el conjunto de vendedores que las prohibiciones gubernamentales. Ante esta situación, surge el otro problema: el de los fabricantes de ropa y las textileras que se ven afectadas grandemente por la competencia desleal.
Como una forma práctica de dar solución al problema surge, por parte de muchos de ellos, en una forma “muy racional” que beneficiaría a ambas partes: que los fabricantes de ropa y las textileras que fabrican las telas den en consignación a los vendedores de ropa usada su mercadería para que éstos las vendan. De este modo, posiblemente reduzca el contrabando y, además, palíe de alguna manera el drama que sufren los fabricantes que no saben qué hacer con la mercadería nueva que producen.
Se tendría que estudiar el caso detenidamente y con intervención de las partes. El Gobierno, a modo de reducir el contrabando, daría garantías para la venta de la producción nacional y, así sea indirectamente, evitaría la proliferación del negocio ilícito de la ropa usada que, conforme se agrava el problema de la desocupación, tendría tendencia a aumentar con la absorción de otros mercados de Asia que también disponen de ropa usada, al igual que automotores que, de contrabando, siguen llegando al mercado boliviano.
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