Nuestro país, desde siempre, es eminentemente minero, en especial en toda su región occidental que tiene la primacía en todo tipo de minerales; a ello se agrega lo que tienen las regiones orientales, empezando por el Precámbrico, que poseen ricas vetas de minerales que esperan, por mucho tiempo, inversiones y un trabajo sistemático, debidamente planificado y que podría engrosar en mucho las arcas nacionales.
Sin embargo de ser minero, bien se puede decir que el país nunca ha contado con políticas gubernamentales que le permitan entender y planificar debidamente la minería; por el contrario, se ha debatido en crisis y problemas de toda laya, empezando por lo más organizado, que eran los grupos de los llamados “barones del estaño” y uno que otro de la minería mediana.
El cooperativismo ha ingresado con fuerza en la explotación de minas transferidas, alquiladas o dadas en administración mixta por la Comibol, luego de los decretos del 29 de agosto de 1985, cuando se decidió aplicar políticas de relocalización a los trabajadores mineros -sin que se haya cumplido en absoluto ninguna disposición para otorgar nuevas fuentes de trabajo a miles de trabajadores despedidos de las minas- y, además, la aplicación de medidas que hagan de la empresa minera estatal “un modelo de administración y rendimiento”.
La realidad es que Comibol se desempeñó en permanente crisis porque por empresa minera se entendió lugar de empleo para militantes del partido de gobierno y, así, en minas que trabajaban con las empresas privadas en condiciones de hacerlas rentables, se convirtieron en sitios obligados para dar trabajo al triple de trabajadores porque “el partido así lo exigía” y el Gobierno, inepto para manejar la minería, aplicó las políticas del dejar hacer y dejar pasar.
El caso minero es de vieja data porque, pese a la existencia de códigos y leyes que regulen su funcionamiento y hasta la concesión de propiedades para un trabajo temporal de años por la empresa privada, no fueron redactados reglamentos ni normas claras para que esas labores se cumplan, partiendo de labores de prospección y exploración de nuevos yacimientos que permitan una explotación racional que permita aumentar la producción, mejorarlas cualitativa y cuantitativamente y convertirse en fuente segura de trabajo efectivo para miles de trabajadores.
Las minas grandes, a cargo de Comibol, y las medianas, pequeñas y cooperativas se han desempeñado conforme a reglas impuestas según las circunstancias y poca o ninguna planificación hubo para hacerlas efectivamente rentables y extractivas de buenas cantidades de minerales que tienen permanentes mercados internacionales. ¿Cuánto se avanzó? ¿En proporción ha contribuido la minería a mejorar la economía nacional, salvo por altos precios internacionales, como ocurre en los últimos siete años? ¿Qué concesiones hay y cuándo se vencen? El Gobierno tendría que explicar mucho al respecto, pero previos estudios pormenorizados del problema.
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