Víctor Gutiérrez Pereira
En la COMIBOL en los años de desarrollo y, en cierta manera, de auge, se distribuía un bono de producción a los trabajadores de interior mina, por ser extractores del mineral; a la planta administrativa y de servicios nada se les reconocía, por ser considerados sus miembros “no productivos”, a la usanza e interpretación de los economistas anacrónicos (fisiócratas y liberales clásicos del Siglo XVIII), que daban prioridad a la riqueza surgida y extraída de la agricultura o minerales de la naturaleza. Eran los “productores” y no así los que creaban bienes y servicios (oficinistas, médicos, abogados, etc.). Lo mismo ocurre al presente con el Estado actual en el tratamiento de mejoras o incrementos de sueldos y otros beneficios, que sólo son para los “trabajadores activos” no para los “pasivos”.
El Gobierno actual recurriendo a la publicidad mediática a su favor, da a conocer que “cerca del 60% de los jubilados recibe desde enero de 2014 un incremento en sus rentas de casi un 11%, aproximadamente un 60% de los jubilados del Sistema de reparto”. En publicaciones de la prensa nacional, autoridades resaltan que tienen apoyo y que han firmado convenios, con la COB (mediador), y la “dirigencia de los jubilados” con el Gobierno (acta de entendimiento y acuerdo en la localidad de Konani, en 2013).
Allí “Ambas partes acuerdan que el ajuste anual de rentas del Sistema de Reparto y la compensación de cotizaciones correspondiente a la gestión 2014 no considerará un porcentaje adicional al acordado en la presente acta”, dijo el ministro de Economía, Luis Arce, pidiendo el cumplimiento del acuerdo suscrito con el Órgano Ejecutivo, induciendo a la Confederación de Jubilados y Rentistas de Bolivia a suspender las medidas de presión. Olvidó el derecho de justicia social, reiterando la discriminación ejecutada con la otorgación de “doble aguinaldo” en 2013, sólo para trabajadores “activos”, por lo que en realidad deben a los rentistas y jubilados del “sector pasivo”, como los llama el Gobierno.
Pero en honor a derechos adquiridos, por las contribuciones que realizaron los jubilados y rentistas en general a la sociedad boliviana, en principio se les debe el respeto a la igualdad de condiciones. En cuanto a beneficios sociales y equidad, reconocidos universalmente, en forma legítima y legal, al ser de la tercera edad no se les puede usurpar estos derechos adquiridos a lo largo de sus vidas.
¿Dónde está la justicia y la reverencia del actual Gobierno a los adultos mayores? Es visible la falta de respeto, consideración y magnanimidad del Gobierno y sus ministros, que demuestran torpeza al responder con argumentos fuera de contexto y distribuir desigualmente beneficios, retaceando lo que en derecho corresponde a los actuales y antiguos trabajadores. Pero menoscaban, discriminan, apañan con prebendas, para mezquinar algo que por ahora les toca administrar, atendiendo sólo intereses sectoriales, por conveniencia política y usurpando derechos para el beneficio de pocos. Debería ser una administración limpia, transparente, equitativa y correcta, digna de sus discursos y programas para “vivir bien”, en paz y bienestar.
El autor es abogado.
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