Migrantes depredadores

El Art. 349 de la Constitución Política del Estado señala que los recursos naturales son de dominio del pueblo boliviano y que corresponde al Estado su administración en función del interés colectivo. Y añade que el Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos propietarios individuales y colectivos sobre la tierra, así como el aprovechamiento de otros recursos naturales.

Aunque la norma fundamental ya está dada, a través de la prensa nos enteramos constantemente sobre actividades de explotación de recursos minerales, de hidrocarburos, la producción extensiva de la coca, el aprovechamiento de recursos forestales y de otros recursos naturales, las cuales provocan conflictos y violencia, afectando no solamente a los involucrados, sino a toda la colectividad nacional, poniendo en peligro la inconstitucionalidad del Estado.

En todas estas actividades podemos identificar algunos hechos comunes; uno de ellos es la participación de grupos de personas que ocupan determinados territorios sin ser oriundos del lugar, es decir que son migrantes que provienen de otras regiones del país, a quienes lamentablemente sólo les interesa ganar y acumular dinero, sin importarles en absoluto las consecuencias de su actividad. A ellos no les importa el medio ambiente; contaminan las aguas, las tierras, deforestan bosques, depredando todo cuanto rodea a su actividad en forma descontrolada, en un ámbito de libertinaje no planificado, sin contribución al Estado.

Pareciera cumplirse fatalmente lo que sostiene Eduardo Galeano en su libro Las venas abiertas de América Latina: “Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros”. Lamentablemente no aprendemos de nuestros errores; en el pasado las transnacionales saquearon nuestros recursos naturales, depredando nuestro territorio, ahora con muy pocas diferencias, se están repitiendo estos hechos, pero esta vez por nuestra propia gente.

Las primeras víctimas de los migrantes depredadores son las familias oriundas del lugar, que sobrepasadas en número y en recursos, son humilladas en su propia tierra. Que todo boliviano tenga derecho a trasladarse y trabajar en cualquier parte del territorio nacional es una cosa, pero que estos migrantes sometan a los lugareños, los humillen y les impongan conductas extrañas a su forma de vida, es un atropello a su dignidad y a sus derechos más elementales.

Curiosamente, los migrantes depredadores en su mayor parte provienen del campo, quienes abandonan sus tierras de comunidad, seguros de que están bien protegidas por ser irreversibles, inalienables, indivisibles, inembargables e imprescriptibles, conforme a disposiciones legales agrarias en vigencia (Ley No. 1.715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria).

Ahora bien, cuando los recursos naturales (renovables y no renovables) se agotan o bajan de precios, los migrantes depredadores se retiran del lugar para buscar otras alternativas que produzcan dinero, dejando tras de sí territorios contaminados y pueblos ruinosos sin futuro. Esta es la forma de vida de estos migrantes, por ello es que desprecian el trabajo asalariado, al que consideran miserable y porque no es de su agrado trabajar sujetos a control.

Lo que podemos advertir es que el Estado carece de políticas para la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales del país, y menos se ocupa de asentamientos humanos planificados. La normativa existente por sí misma no resuelve los problemas, ya porque no se aplica o no se cumple. Lo que hace falta es que en el marco de políticas bien definidas, se regule con absoluta claridad y seguridad los derechos y obligaciones de quienes explotan y aprovechan los recursos naturales, estableciendo límites entre competencias del Estado y los particulares; definir con la mayor precisión las explotaciones en el suelo, el subsuelo y el vuelo, determinando el régimen legal al que pertenecen (agrario, hidrológico, minero, hidrocarburífero, forestal, etc.), regulando también los regímenes legales de los actores sociales que intervienen en estas actividades (sindicatos, cooperativas, empresas, colonizadores, etc.).

De este modo los migrantes nacionales dejarán de ser depredadores y avasalladores porque estarán sujetos al control del Estado en lo técnico, administrativo y tributario, lo que a su vez permitirá que estos sectores aporten con su trabajo al desarrollo del país, en el marco del desarrollo sostenible, la equidad social, la paz y armonía entre todos los bolivianos.