Delgado interpone recurso de nulidad contra Morales

La diputada Rebeca Delgado interpuso en Sucre un Recurso Directo de Nulidad contra el Decreto Supremo que autoriza la transferencia de recursos económicos para la organización y realización de la Cumbre G77+China en Santa Cruz, dicho recurso derivaría en responsabilidades penales por usurpación de funciones del Órgano Ejecutivo.

“He presentado como diputada nacional, un recurso directo de nulidad contra el Decreto Supremo 1910, el recurso es contra el presidente Evo Morales por usurpación de funciones; él ha determinado mediante un Decreto la transferencia de más de 49 millones para la Cumbre G77, esta es una atribución exclusiva de la Asamblea Legislativa Plurinacional, esto no estaba previsto en el Presupuesto General de la Nación y para cualquier modificación tiene que haber una autorización de la ley”, afirmó Delgado.

La asambleísta, además, solicitó la excusa de tres magistrados del TCP, por haber demostrado que tienen parcialidad con el Órgano Ejecutivo; estos serían Ruddy José Flores Monterrey, Neldy Virginia Andrade y Efrén Choque Capuma, lo que implicaría que no tendrían que participar de dicho caso, por carecer de criterios imparciales.

Asimismo, dijo que espera que el Tribunal Constitucional resuelva conforme a la Ley que se respete el dinero de todos los bolivianos, aclaró que no está haciendo ninguna valoración respecto a la Cumbre G77, a pesar de no tener carácter vinculatorio.

Estaría presentando también Peticiones de Informe Escrito al Ministro de Relaciones Exteriores y de Economía para saber exactamente cuánto dinero se estaría gastando, bajo que partidas y normativa legal.

Según Delgado el decreto debería anularse y el Órgano Ejecutivo tiene que rectificar sus acciones, de lo contrario ameritarían responsabilidades.

“No hay justificación ni disposición legal que le autorice (al Ejecutivo), es una disposición arbitraria del dinero de todos los bolivianos y eso amerita responsabilidades, no solamente penales sino civiles, ya que están disponiendo gastos de pasajes, viáticos y alimentación de personas que no son servidores públicos, el Tribunal Constitucional debe hacer respetar el dinero del pueblo boliviano (…), tiene que haber una autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (para transferencia de recursos), de lo contrario significa delitos, de usurpación de funciones, de malversación de fondos, va implicar responsabilidades para el Órgano Ejecutivo y para todos sus ministros”, finalizó.