Sin freno invasiones a La Paz

Suman y siguen los avasallamientos sobre la mancha urbana de la ciudad de La Paz por parte de las alcaldías de Mecapaca y Palca, con violación a la Ley 1.669 de 1995, la cual fija los límites con los municipios vecinos. Hasta la fecha se calcula que más de 36.082 hectáreas -equivalentes al 18% del área paceña- pretenden ser anexadas solamente en referencia a Palca. Los distritos afectados son Caliri, Bolognia, Callapa, Chinchaya, Calacoto, Aruntaya, San Miguel, etc. Por su parte, los “loteadores” se reparten Huantaqui, Rosales, Pradera, Flor de Irpavi, etc., supuestamente alentados desde Palca.

Un subalcalde de dicho municipio afirmó que “todo lo que está desde el puente de Calacoto nos pertenece…”. Un absurdo como este no cabe en mente alguna, pero la usurpación de funciones va tan lejos como la aprobación de planos de construcción y pago de impuestos por personas que se prestan a tales defraudaciones por el afán de economizar centavos. No se sabe si la Alcaldía de La Paz en uso de sus atribuciones legales sigue acciones coactivas contra esos malos contribuyentes y si les aplica las multas correspondientes.

La osadía de las autoridades municipales de Palca llegó a autorizar la reapertura de un Music Bar Grill en San Miguel, el que había sido clausurado por ediles paceños. El Tribunal Constitucional desconoció la jurisdicción de Palca en ese caso, pero por adelantos noticiosos ese Tribunal habría revisado su fallo a favor de dicho bar, pese que sus resoluciones son inamovibles y causan estado.

Sendos procesos penales de La Paz contra el Alcalde de Palca, René Aruqiipa Ramos -perteneciente al MAS- por los delitos señalados, no prosperan por la incuria y encubrimiento de jueces y fiscales. Ocurre algo similar en la acción penal contra el mismo, en circunstancias en que conducía ebrio un coche oficial, acuchillando a un efectivo del Organismo de Tránsito, según informa el GMALP.

Por su parte, desde el 22 de octubre de 2012, cuando los municipios involucrados acordaron solemnemente someterse a los procedimientos de deslinde de la Ley 339, conducentes a Referéndum dirimitorio, el gobernador César Cocarico no activa lo más mínimo y pareciera complacerse con el statu quo, aparejado de las invasiones y atropellos que sobrepasan con creces los límites trazados en 1995.

Los brazos operativos del Órgano Ejecutivo, vale decir la Policía Nacional, Tribunales de Justicia, Ministerio Público, principalmente, patentizan el cerco político contra la alcaldía paceña, hurtando su intervención cuando ésta es víctima de atentados territoriales y de otros tipos. Las invasiones al Parque de Mallasa, propiedad municipal, iniciadas el 2012, al presente se han consolidado de hecho con casas y viviendas por la negativa policial al llamado municipal de que cumpla sus deberes de prevención y de intervención en caso necesario. En el fondo, el daño que ocasiona esta instructiva política es a las clases populares, que ven limitado cada vez más ese lugar de saludable esparcimiento.