Juez de EEUU convoca a Gobierno argentino y fondos especulativos

Nueva York.- El juez de EEUU Thomas Griesa respondió ayer a los acreedores que no se acogieron al canje de deuda argentina, conocidos como “fondos buitres”, y convocó una audiencia hoy para estudiar si el depósito a bonistas es un desacato por parte de Argentina, confirmaron a Efe fuentes judiciales

Para hoy, el magistrado estadounidense ha convocado a los demandantes (los “holdouts” que no se acogieron al canje de 2005 y 2010) y a Argentina para una audiencia, confirmaron a Efe desde el tribunal del distrito Sur de Nueva York, donde tendrá lugar la vista.

Griesa responde así a la petición de los “fondos buitres”, que le remitieron una carta describiendo el pago de 832 millones de dólares anunciado por el Gobierno de Cristina Fernández a acreedores de deuda reestructurada como un “descarado paso hacia la violación de la orden” emitida por el tribunal hace unas semanas.

El juez federal, que falló a favor de fondos especulativos que reclaman a Argentina el pago íntegro de su deuda, rechazó también ayer la solicitud de ese país de suspender esa medida para poder cumplir con el resto de los acreedores de deuda.

Los abogados de los “holdouts” también se habían puesto en contacto con el banco New York Mellon (a través del que se haría parte del pago) “para recordarle sus obligaciones” ante la ley estadounidense, según el escrito firmado por el abogado Robert Cohen, quien asegura que el Estado argentino “deberá demostrar por qué no está incurriendo en desacato”.

La carta aseguraba que las declaraciones del ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, relativas al pago a los bonistas que sí aceptaron las reestructuraciones de 2005 y 2010 supone que Argentina “no acepta las condiciones del tribunal o no está de acuerdo con su interpretación de la cláusula de pago simultáneo”, aseguró.

Según esta cláusula, las autoridades estadounidenses solicitaron embargar los pagos argentinos hasta que no cubriera su deuda con los “holdouts”, que asciende, con intereses a 1.500 millones de dólares y para la que Griesa había fijado como límite el 30 de junio.