Inmoralidad impide justicia para niños

Boris Espinoza Mejía

El columnista Jaime Martínez Salguero no podía estar más cerca de la verdad al destacar, en su nota “Periodismo, democracia y fuentes de información” (EL DIARIO, 5 de Junio), la labor de la prensa, ya que mediante ella podemos informarnos, quejarnos y encontrar tutela democrática de los derechos humanos, que a veces, los gobiernos de turno, mediante los poderes de Estado e instituciones, vulneran y silencian, para tratar de encuadrarnos en esquemas políticos que no son de nuestra línea ideológica.

Por ello es tan importante que los ciudadanos demos a conocer la información de interés social y, sobre todo, denunciar hechos que van en contra de las leyes y la Constitución Política del Estado. Por eso hago conocer lo siguiente.

Hace más de un año, los abuelos por vínculo materno de una menor de edad vienen tramitando un proceso de pérdida de autoridad paterna y maltrato a menor en un juzgado de partido de la niñez y adolescencia, proceso que está para que se dicte la correspondiente resolución o sentencia. Pero llama la atención que el mismo proceso esté dirigido en contra de un jugador de fútbol de nuestro medio, que al parecer por los recursos económicos que posee puede comprar la conciencia de algunos funcionarios de la Defensoría de la niñez y adolescencia. Sólo así se entiende que al haber sido una niña maltratada por su progenitor y a consecuencia de ese maltrato existía un certificado forense por el cual se le otorga a la menor 10 días de impedimento, en este proceso el asesor de la Defensoría de la niñez y adolescencia nunca se molestó para intervenir en alguna audiencia ni interrogó a testigos ni hizo acto investigativo para determinar lo que nos parece una vulneración a los derechos de la menor.

De esta manera se atenta contra lo que estipula el Código Niño, Niña, Adolescente, ya que para este profesional abogado de la defensoría no hubo maltrato a menor, coadyuvando de esta manera a que se deje en indefensión a una menor. Al no encontrar tutela jurídica en este caso, nos vemos obligados a denunciar este tipo de atropellos en contra de los menores que no pueden defenderse y seguramente también se vulnera los derechos de otros infantes en procesos similares.

Esperemos que la modificación y reforma al Código Niño, Niña, Adolescente sirva realmente para que sea más práctico y menos burocrático de lo que es, ya que no existe procedimentalmente la celeridad y la inmediatez jurídica para la prosecución de los procesos. Tratándose de menores, estos procesos deberían ser más acelerados o sumarísimos, porque no se puede permitir que los nombres de los niños o ellos mismos se los esté ventilando en pasillos de juzgados, esperando horas para que se lleven a cabo las audiencias, cuando deberían dedicar esos momentos para su estudio o recreación.

Por el contrario, son sometidos a volver a recordar el abuso al que fueron sometidos, lo se debería tomar en cuenta, sin que ello implique recortar o acortar alguna etapa procesal. Contrariamente, se debería castigar la forma de dilación u obstaculización de la tramitación del proceso, más aún si esta retardación de justicia viene por parte de los administradores de justicia y de las instituciones estatales, como las defensorías, que hacen que la prosecución de las audiencias sea relegada, puesto que son suspendidas por las inasistencias de los asesores legales de las defensorías, que se escudan en la falta de personal para cumplir con todas las audiencias programadas.

A estos, dizque, defensores de los menores este título les queda grande y de cierta manera se vuelven cómplices de estos maltratos a menores por su negligencia e iliquidez en la tramitación de los procesos mencionados. Por consiguiente, la sociedad en pleno debe reclamar por los abusos que se comete en contra de los menores que no encuentran un verdadero cobijo y tutela jurídica en nuestros sistemas judiciales, que están carcomidos de corrupción y de sistemas procesales que no se adecuan a la dinámica para la prosecución de éstos y otros procesos de menores y adolescentes que son tramitados en Juzgados de Partido de la Niñez y Adolescencia. Es para tomar en cuenta...

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