Álvaro Numbela Tejada
La denuncia contra los “magistrados” por sus fallos no es una decisión de política criminal que compete a los poderes políticos, ya que no debe haber intervención de los otros órganos en la tarea de interpretar, aplicar y declarar la inconstitucionalidad de las leyes.
EL DESVÍO INSTITUCIONAL
La Comisión de Ministerio Público de la Cámara de Diputados parece no advertir que los excesos de poder conferidos electoralmente, pueden convertirse en algo negativo. Tomar rigurosamente la misión de controlar al “Órgano Judicial”, por ejemplo, ¿por mandato de quién?, ¿para qué y en qué medida? Uno no sabe. Entonces, vale mucho advertir que la afamada Ley 044 sobre la que basan su acción los diputados, no ha tomado en consideración informes relativos de las Salas de gobierno de Tribunales Superiores, de las Asociaciones judiciales, de los Colegios de Abogados y de los miembros del cuerpo judicial. Consiguientemente, sobre una ley mal elaborada ciertos diputados creen cumplir con ella. Esta actitud insólita de momento ha ocasionado que un personero del llamado “Órgano Judicial” esté enfermo, que otros estén en reuniones de salas plenas, que otros se resistan a comparecer, simple y llanamente ante una tremenda Asamblea Nacional donde puede estar al filo la cabeza de muchos magistrados.
BUSCAR JUSTICIA
El Soberano -el Pueblo- jamás ha consentido que exista una norma específica que obligue a la Asamblea a incorporar el principio de hacer justicia. Consiguientemente, la concepción del Estado es muy clara. Los tres poderes tienen su espacio y para todos resulta fundamental preservar sus funciones. La voluntad del soberano expresada en la Constitución no da lugar a que las leyes nacionales den atribución penal al Órgano legislativo y lo convierta en un tribunal de justicia omnipotente.
Los magistrados deben manejar la ley, utilizar los recursos constitucionales, no solamente porque la justicia es la institución clave del Estado de Derecho, también es el centro de los principios fundadores y de las tendencias actuales de la sociedad boliviana. Por lo tanto, siempre habrá un juez de grado, experimentado en la vida, púdico, sensible, de gran talla, versado y de una honestidad sin vueltas que falle en contra de lo que espera un partido o una asamblea unipolar, sin necesidad de que nos repitan -desde el extranjero acertadamente- ¡¡“que Bolivia debe organizar mejor su sistema judicial”!!... (1).
1.- EL DIARIO, Dennis Racicot pidió al Estado organizar su sistema de justicia. La Paz, 16 de junio de 2014. Pág.1.
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