Entre el simbolismo y la retórica

La sociedad boliviana se halla abrumada entre el simbolismo y la retórica del oficialismo. Se trata de recursos ilusorios, fantasiosos, con los que se quiere hacer creer que todo va viento en popa en el país. Asimismo, puede entenderse que la intención actual es convencer al electorado sobre que una re-reelección ilegal del binomio presidencial es lo mejor.

La simbología tiene sus aspectos positivos en algunos casos; pero cuando se trata de usarla como un artificio ajeno a la realidad, se incurre en una gran falacia. El diccionario explica que simbolizar suele emplearse para “parecerse, asemejarse uno cosa a otra”. O sea, para falsear la realidad.

A manera de símbolo político, se está ridiculizando a Bolivia con aquella bobería de imponer que los relojes oficiales marquen las horas al revés. Al autor o autores les trastorna el buen juicio, la interpretación antojadiza de la cosmogonía andina, si es lo que predominó en la decisión.

Y si se incurre en la presuntuosa idea de que el país está marcando una nueva época en el hemisferio sur, lo único que hacen es poner en evidencia que ignoran que existen tratados internacionales que, entre otros, armonizan el funcionamiento del mundo en una cuestión básica de la vida humana, el tiempo.

La retórica anda por ahí, se abunda en palabras y virtualmente no se dice nada real, ni cierto. La estrategia que se emplea en este orden es presuntamente ingeniosa pero no original. Es popular decir que “se pretende marear a la perdiz”.

Se intenta engolosinar ahora a los bolivianos con el “Vivir bien”. Si se trata de lo personal, esta es voluntad de cada quien. Pero si se quiere extender al conjunto de la sociedad boliviana, el concepto resulta hasta burlesco.

Hay países que puede ser que vivan bien. En cambio, cuando en Bolivia se tiene represión política, pobreza extrema, corrupción, incompetencia y se tolera una actividad ilícita como es el narcotráfico, la situación es a la inversa. Se Vive Mal.

Y esta es la realidad que impera entre los bolivianos de todas las clases sociales. A unas se las excluye, pese a que son indispensables para servir al interés público; a otras se las amedrenta, como en el caso de los empresarios cruceños y del periodismo nacional; se recluye a presuntos o potenciales adversarios en las cárceles por más de cuatro años, sin sentencia judicial; y a la gran mayoría social se la abandona a su suerte.

En los casos del campesinado y del indigenismo, el trato oficial tiene diferencias. A unos se los halaga con todo, si demuestran o son factibles de atraerlos como adictos. Al resto se lo posterga o se lo reprime. Esta fue la experiencia de los Tipnis, que en Chaparina conocieron hasta qué extremo pueden ser castigados los que manifiestan pacíficamente sus demandas.

Existe otro tema en el que se incide día a día. El respeto y adoración a la madre tierra (Pachamama). Ciertamente, así debiera ser, porque ella es la que nos acoge en su suelo y nos proporciona abrigo y alimentos.

Empero, debe empezar por guardársele respeto, no violándola con cultivos que atentan contra su propia vitalidad y conservación, es decir hasta volverla estéril y contaminar los ríos. En el Chapare se efectúan de tres a cuatro cosechas al año, lo que es una exageración. Con una bastaría para fines lícitos.

De la coca en vez de aprovechar industrialmente sus propiedades alimenticias, medicinales y tradicionales, resulta que en 2013 el 47% de la producción fue desviado para producir cocaína.

La revelación la hizo el representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), Antonino de Leo. El tema se presta para muchas consideraciones. En este caso, sólo cabe citar algunos detalles salientes.

El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, admitió, con preocupación, en vez de adoptar las acciones pertinentes, el uso ilegal que se da a la hoja de coca. A modo de descargar responsabilidades, dijo que el control de la venta de coca es un desafío para la Policía.

Según la Ley 1.008, que el representante de la Unodc planteó su renovación, en el país sólo debía admitirse el cultivo de coca en 12.000 hectáreas, por año.

A pesar de esta regulación y la convicción oficial que debe primar, de acabar con este problema que estigmatiza a Bolivia, el presidente Morales, que a la vez es dirigente máximo de los productores de coca en el Chapare, dispuso en 2011 que aquella restricción se amplíe a 20.000 ha.

La medida se adoptó con el argumento de que en el país creció la masticación de la coca. Empero, el caso es que, según el monitoreo realizado por la Unodc, en tres regiones del país -Santa Cruz, Tarija y Cochabamba- se compró un total de 13.000 t de coca, pero que la demanda para la masticación de coca ha sido de sólo 582 t.

Está descontado que el resto ha ido al narcotráfico, aparte de todo lo que por otras vías consigue. Hará un par de meses, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, identificó por sus nombres a los cárteles del narcotráfico internacional que operan en el país, en especial en Santa Cruz. Nombró la región, pero ahí quedó todo.

Era la ocasión para que disponga el despliegue de fuerzas combinadas, Policía-Ejército, y desmantelar esos enclaves del narcotráfico. Hasta donde se sabe, no lo hizo. Poco después, identificó también las vías que esta actividad ilícita empleaba para el tráfico al Brasil, pero tampoco informó que las pistas clandestinas y los pasos utilizados por los narcos hubieran sido ocupados.