Desde el principio de su vida republicana, Chile le tuvo animadversión a Bolivia y preparó la guerra para tratar de aniquilarla o, por lo menos, arrebatarle sus riquezas para aprovecharse de ellas; así, se lanzó contra la Confederación Perú-Boliviana en 1837, invadiéndola; pese a la derrota no descansó hasta deshacerla en 1839. Eso no fue todo, continuamente se cernía la amenaza guerrera desde el Mapocho para apoderarse de tierras con las cuales agrandar su territorio.
De esta manera entró en conflicto con la Argentina, por la posesión de la Patagonia, y con Bolivia y el Perú para hacer lo mismo por la costa sobre el Pacífico. Por esa amenaza, Bolivia y el Perú firmaron un acuerdo secreto para defenderse mutuamente de cualquier agresión extranjera el 9 de febrero de 1873, en el cual acuerdan: “(…) Las altas partes contratantes se unen y ligan para garantizar mutuamente su independencia, su soberanía y la integridad de sus territorios respectivos, obligándose en los términos estipulados en el mismo a defenderse contra toda agresión exterior, o bien sea de uno u otro Estados independientes, o de fuerzas sin bandera que no obedezcan a ningún poder conocido”.
Es un acuerdo de mutua defensa, no de agresión, porque ambos gobiernos veían con preocupación los preparativos de Chile para lanzarse a la guerra. Por eso invitaron a la Argentina a unirse a ese tratado, ésta aceptó la invitación, y el tratado fue aprobado por los diputados de aquel país, pero el senado no lo pudo hacer por la traición de un diputado argentino, que avisó al espionaje chileno y le dio una copia del mismo. A raíz de eso, el Gobierno de Chile aumentó su armamentismo y compró los barcos “Blanco Encalada” y el “Cockrane”.
Posteriormente, el 2 de abril de 1879, en sesión secreta, el Congreso chileno aprobó la declaración de guerra al Perú; como Bolivia era su aliada, se la invadió, sin declaración de guerra. De esta manera, se inició la llamada Guerra del Pacífico. Agresión calculada y planificada por Chile para apoderarse de las riquezas y del territorio del litoral.
Una vez concluida la guerra, Chile le impuso al Perú un Gobierno pro chileno, y le hizo firmar el tratado de Ancón, por el que ese país perdía Tacna y Arica; y a Bolivia se la mantuvo en estado de tregua, con la consiguiente amenaza de invadirla nuevamente en cualquier momento, hasta el Tratado de paz en 1904, tal como se ve en la desvergonzada y torpe carta del representante de Chile, Abraham König, al Gobierno boliviano de entonces, en la que les dice a los gobernantes bolivianos que Chile sabe que el Litoral boliviano tiene un alto valor económico, y por eso Chile se ha apropiado de él, pues si nada valiera, nada hubiera pasado; y que esa usurpación fue hecha en guerra, “la ley suprema de las naciones”, como soberbia y cínicamente escribe el “diplomático” chileno.
Los derechos de Bolivia sobre el Litoral son de sobra conocidos por Chile, de ahí que se aferre al Tratado de 1904, firmado cuando Bolivia estaba con el puñal chileno sobre el corazón, con la amenaza de hundírselo en esa víscera si no lo hacía. ¿Qué es un tratado? Un convenio libremente concertado entre dos Estados para solucionar, aclarar o prevenir un problema que los afecta; esto significa que las dos partes estén plena y libremente de acuerdo y, además, que no se afecte seriamente al patrimonio futuro de alguno de ellos, o de ambos.
En cuanto a la plena libertad, ¿cuánta libertad tenía Bolivia en el momento de la firma del tratado de paz, si estaba amenazada de ser víctima de una nueva invasión por parte de Chile, pues no había paz, si no tregua, entre ambos Estados? En cuanto a la apropiación del futuro de nuestro país, ¿acaso el norte de Chile no vive succionando la economía boliviana, al imponer condiciones de almacenamiento y entrada y salida de la mercadería boliviana a y desde ultramar? ¿No hay filas de camiones bolivianos con mercadería a otros países, que no pueden entrar en territorio chileno por éste o aquél motivos? ¿No se los trata como a cualquier otro transportista extranjero sometiéndolos a controles de todo tipo? ¿De qué libre tránsito se habla entonces?
¿Cuánto control tiene el Gobierno chileno sobre la administración privada de sus puertos? ¿Cómo puede garantizar la libre circulación de la mercadería boliviana en cualquier momento, si esa empresa privada confronta una huelga de sus trabajadores, y tarda mucho tiempo en solucionarla? ¿La intervendrá para cumplir el tratado con Bolivia? Hasta ahora, nunca lo ha hecho. Pero los tratados, según el Gobierno chileno, se los ha firmado para ser cumplidos. ¿En qué quedamos?
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