Procesos judiciales sin exclusiones

Las informaciones en los últimos días son abundantes sobre el procesamiento de altas autoridades y personalidades de ámbito internacional. Un juez de Palma de Mallorca, España, encontró “suficientes indicios” de responsabilidad nada menos que contra la Infanta Cristina de Borbón y Grecia, hermana del nuevo Rey Felipe VI, en un caso que habría protagonizado su consorte, Iñaki Urdangarin. No obstante, el Fiscal y el abogado de la Infanta anunciaron apelar el fallo, todavía no conclusivo del proceso. La Casa Real no tardó en declarar su “pleno respaldo a la independencia del Poder Judicial”. La Infanta Cristina se había privado de concurrir a la totalidad de los actos de proclamación de Felipe VI. En Francia el ex presidente Nicolás Sarkozy ha sido convocado por los tribunales a declarar sobre presuntos manejos de proselitismo político aun no aclarados, situación que eclipsaría su futuro en la arena política gala.

El gobierno de doña Cristina Fernández v. de Kirchner, suma ahora a sus problemas financieros en Estados Unidos, la acusación en el sumario de su vicepresidente Amado Boudou, de quien se sospecha haber incurrido en “cohecho y negociaciones incompatibles” cuando ejercía el ministerio de Economía. Argentina presencia por primera vez a un Vicepresidente en los estrados de la justicia ordinaria, mientras que para otras fuentes tampoco hay precedentes parecidos a nivel latinoamericano.

Amado Boudou guarda silencio después de su indagatoria y no se conoce aún el pronunciamiento del Gobierno. Este personaje es al mismo tiempo presidente del Senado. Las fuerzas políticas opositoras coinciden en su alejamiento del cargo o que la presidenta lo destituya, más enfáticos son los opositores que exigen la apertura de juicio político.

Si bien en Europa no es raro el sometimiento a juicio de ministros y altas autoridades tan pronto como se encuentra suficientes motivos, tal como anotamos más arriba, en algunos países latinoamericanos la Justicia está retomando su papel, alejándose de sometimientos vergonzosos y el caso argentino lo demuestra. El Congreso peruano discutía en días pasados el procesamiento del ex presidente Alan García por presuntos hechos de favorecimiento a narcotraficantes en alguna oportunidad durante su último gobierno.

Qué diferencia de lo que sucede entre nosotros, donde el Ministerio Público es una barrera infranqueable contra cualquier investigación acerca de presuntos delitos y/o tráfico de influencias en los que habrían incurrido miembros del Órgano Ejecutivo. Esto se repite inclusive a favor de funcionarios públicos de segundo o tercer nivel. A fiscales y jueces les basta algún comentario directo o indirecto del Primer Mandatario alrededor de alguna denuncia contra sus acólitos para abstenerse de abrir causa. Situaciones como éstas son voz general en el país y parecerían confirmar la falta de independencia del Órgano Judicial e inobservancia del respeto a la División de Poderes.

Por su parte, la Contraloría General del Estado dejó hace tiempo de ser noticia en el seguimiento cuidadoso del manejo de fondos públicos y contratos del Estado, cuya actividad en estas áreas era intensa en el pasado, silencio que tampoco guarda relación con la comidilla diaria de peculados, fraudes y “comisiones” cometidos al interior de la Administración.