Fiscal General instruye investigar excesos en protesta de uniformados

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, instruyó ayer a los representantes del Ministerio Público, de los nueve departamentos, que investiguen de oficio a las personas que realicen actos delincuenciales durante las protestas de policías de bajo rango.

A tiempo de lamentar el conflicto que ocurre al interior de la institución policial, el representante del Ministerio Público sostuvo que dando cumplimiento al artículo 251 de la Constitución Política del Estado, donde hace referencia al rol que cumple la Policía como fuerza pública, la misión específica de defensa de la sociedad y la conservación del orden público, en cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano, hizo hincapié en que esta institución “no delibera, ni participa en acción política partidaria”.

En ese sentido dijo que tras haber obtenido información de los medios de comunicación, a nivel nacional, donde se hace referencia a “las medidas de algunos policías y personas particulares”, en diferentes ciudades del país donde se hicieron tomas de edificios de la institución policial y para precautelar la integridad de las mismas ante la probable comisión de delitos como en el artículo 121 alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, 123 sedición, 154 incumplimiento de deberes o 161 impedir o estorbar el ejercicio de las funciones, todos estos del código Penal Boliviano.

Por esto, con la facultad que le otorga la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Ministerio Público dijo que emitieron el instructivo número 149/2014.

“Primero, en caso de existir noticia fehaciente sobre la comisión de hechos de connotación penal se disponga de oficio el inicio de investigación penal en contra del autor o autores y partícipes conforme al 289 del Código de Procedimiento Penal y segundo, realizar todos los actos procesales e investigativos dentro del marco impuesto por el artículo 55 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y disponer se efectúe las diligencias preliminares y las actividades procesales necesarias conforme lo determina el Código de Procedimiento Penal”.

Según Guerrero el instructivo fue emitido en resguardo, de la seguridad de la ciudadanía, de los edificios del Estado que están siendo tomados y en resguardo de las garantías y derechos constitucionales que establece la Constitución Política del Estado, normas y leyes del país.

“Esperemos que a través del diálogo y con una solución dialogada y pacífica pueda resolverse este problema. No estamos en contra o podemos cuestionar las demandas legítimas que pueden tener sectores sociales; pero cuando estas demandas incurren en actos o hechos delictivos contra la Ley es nuestra responsabilidad como Ministerio Público la de actuar preservando siempre los intereses de la sociedad”, sostuvo.