Incumplimiento de la Ley de Minería

Mientras, por un lado, en diversos sectores de la economía del país, en especial el minero y el agrario, ocurren sucesivas tomas y asaltos de centros de producción de metales y minerales, así como de terrenos donde se producen alimentos para consumo interno y exportación, por el otro el Gobierno dicta leyes para tratar de frenar esos atropellos y actos anárquicos. Sin embargo, pese a todo, los asaltos a minas y haciendas continúan con mayor intensidad y, por supuesto, las medidas oficiales no tienen ni la menor efectividad.

Las ocupaciones arbitrarias de centros mineros y haciendas agrícolas, privados de alta producción, han estado suediendo desde hace varios años, en gran medida bajo la mirada displicente del Gobierno, que se hace el de la vista gorda en cuanto a la persistencia de esos delitos, penados por la lógica más elemental y disposiciones legales, además de repudiados por la opinión pública.

Al parecer, viendo que la economía se va deteriorando por esas actividades anárquicas, el Estado decidió tomar cartas en el asunto y dispuso la aprobación de leyes que pongan coto a ese anormal estado de cosas. En efecto, se dictó la Ley contra avasallamiento de tierras y, hace poco, la Ley de Minería destinada a reactivar el sector dedicado a la extracción y exportación de minerales, sector que contribuye en alto porcentaje a mantener la economía del país.

Sin embargo, pese a los insistentes anuncios de cumplimiento inmediato de las nuevas medidas legales, e inclusive el uso de la fuerza pública, en vez de terminar las acciones de algunos grupos de trabajadores campesinos, cooperativistas y obreros, los asaltos se han reanudado con mayor frecuencia y agresividad, produciendo, al mismo tiempo, numerosas muertes. Es más, los actos de vandalismo no fueron controlados debidamente y, más bien, pareciera que no se les da la debida importancia, con agrado de las autoridades, lo cual da pie para que los mismos hechos de violencia se propaguen epidémicamente a lo largo y ancho del país.

Lo más notable del caso es que cuanto más leyes dicta el Gobierno, éstas no se cumplen y se han convertido en “papel mojado”, no se sabe si porque no tienen difusión o tal vez porque no se les quiere dar el cumplimiento debido, en alguna medida ante la proximidad de elecciones nacionales, ya que podrían dar lugar a la pérdida de apoyo electoral, que resulta siendo más importante que los intereses del país.

Pero, además de esa observación, cuando el Gobierno dicta leyes en un sentido, más bien ocurre que aumentan y se agravan los hechos de violencia, en este caso los asaltos a minas y haciendas. En esa forma, el resultado es que se aprueba leyes para que se agrave la situación y no para resolver los problemas económicos. Es más, se dicta leyes para que el mismo Gobierno sea afectado y desprestigiado.

Son numerosas las leyes dictadas por el Gobierno desde hace años, como las referidas a la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, la violencia contra las mujeres, la seguridad ciudadana, el contrabando y otras muchas. Pero ninguna de esas leyes tiene cumplimiento y más bien pareciera que su promulgación sólo sirve para que esos delitos aumenten no sólo en cantidad sino en calidad. Esos hechos revelan que algo muy grave está sucediendo en el seno de la sociedad boliviana a la vista del Gobierno, sin que sean adoptadas las atenciones del caso.