Democracia e Institucionalidad

De las elecciones generales de octubre próximo tiene que emerger un gobierno que restablezca la democracia y la institucionalidad en Bolivia. Cuando se está en un trance como el actual, las ideologías y los partidismos deben quedar en suspenso, porque de lo que se trata es de empezar poco menos que de cero.

A propósito de la democracia, es imprescindible acceder a una mayor comprensión de su significado y de la trascendencia contemporánea que tiene en el mundo entero. El distinguido politólogo nacional Jorge Lazarte R. escribió últimamente un estudio sobre “El silogismo de la democracia”, el cual ha sido motivo de debate en cursos de la Universidad de la Sorbona, de París, de donde es uno de sus profesores visitantes.

“Se ha afirmado con razón que “la modernidad” política es la democracia y que ningún régimen político puede abstenerse de invocarla si pretende legitimarse”, expone Lazarte, para luego formular la siguiente pregunta: “¿Qué puede significar la democracia ahora, a principios del Siglo XXI, que sin borrar su origen incorpore el espesor de siglos de experiencia humana?

Entre las respuestas, los siguientes párrafos pueden ser los más ilustrativos y asimilables:

-“Vivimos la era de los derechos humanos”. La primacía actual de los “derechos fundamentales” es la gran conquista de la humanidad, luego de dos de las mayores experiencias históricas totalitarias del Siglo XX.

-Los “derechos fundamentales” remiten a una cierta idea de la condición humana, que es la “dignidad humana”, por la cual los individuos como personas son portadores de derechos y deberes esenciales.

-La esencialidad de los derechos fundamentales ha renovado la reflexión sobre la democracia, que no es sólo “forma” sino también “sustancia”.

-Es la democracia como ideal de la construcción de una comunidad de ciudadanos y de vida, basada en un conjunto de valores que expresan las profundas aspiraciones humanas.

-La democracia es un principio de convivencia pacífica y sin violencia; de tolerancia y respeto; de solidaridad y de fraternidad; de libertad, igualdad y equidad. No hay democracia allí donde se viola repetidamente los derechos fundamentales.

-Esta asociación, entre derechos fundamentales y la democracia, ha reconceptualizado, a su vez, el Estado como “Estado de derecho”, hasta el punto de haberse establecido entre ambos una “relación interna”.

-La triada “derechos fundamentales-democracia-Estado de derecho” es, pues, toda una concepción del poder y de la sociedad que corresponde a los valores implicados en la idea de la dignidad humana.

-Ya no es pertinente pensar en el Siglo XXI la democracia simplemente en los términos clásicos de “participación”, que por sí misma bastaría para calificar a la democracia; ni de “soberanía popular”; menos aún en términos de democracia “insurgente”, democracia “popular”, democracia “comunitaria”, democracia “callejera”, de la “otra” democracia, pues, por las experiencias asimiladas, son la antesala del autoritarismo más burdo.

En cuanto a la institucionalidad, es fundamental contar con ella para acreditar la gobernabilidad transparente. Esto es, que funcione la fiscalización en todos los actos en los que están comprometidos los intereses públicos que, por antonomasia, al Estado le corresponde ser su administrador. Y esto es ya bastante.

La institucionalidad implica también actuar con decoro y honestidad a toda prueba. Sin estos requisitos, se incurre fácilmente en la corrupción, cuyo abanico de componentes es múltiple. En suma, deteriora la moral de una sociedad que presume de ser civilizada y apegada a la legalidad. Algo más, al respeto propio y al de los demás.

El desquiciamiento de la institucionalidad se produce, asimismo, cuando se centraliza el poder. Con su práctica, se avasalla la independencia del Parlamento, de la justicia y de la fiscalización.

Más todavía, cuando se impone una estrategia comunicacional que es intolerante y extorsionadora, como son la “compra” de estaciones de televisión, diarios y radios; la neutralización de la independencia de los medios por medio de la publicidad oficial; y los amedrentamientos y juicios, que derivan en la autocensura.

A tiempo de constituir candidaturas para las próximas elecciones, correspondería que los programas de gobierno se reduzcan a restituir la vigencia de la democracia y de la institucionalidad. El resto vendrá por añadidura.

La demanda imperativa es que en el próximo período de cinco años de gobierno se trabaje unitariamente por recuperar todo lo perdido en estos nueve, pero, asimismo, sin desconocer o eliminar medidas positivas, que cuenten con el apoyo ciudadano.

Una vez rescatada la democracia y modernizado el funcionamiento del Estado, los partidos estarán habilitados para volver al cauce de sus ideologías y programas, en las elecciones generales del siguiente período de gobierno.