En general la situación política del país (reflejo de su existencia económica) va mostrando de manera objetiva y específica que está atravesando una situación crítica en creciente desarrollo y que se hace cada vez más difícil de frenar. En efecto, el aparato del Estado muestra un deterioro en todo sentido y no existe ni un indicio de que pueda revertir esa situación de decadencia.
El Estado, como es sabido, está formado por los poderes (ahora llamados Órganos) Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Las Fuerzas Armadas y la Policía son mecanismos de coacción encargados de garantizar la ejecución de las decisiones de esos tres poderes sin que, además, tengan derecho a deliberación. “La organización de las Fuerzas Armadas -establece la Constitución en el Artículo 245- descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y reglamentos militares”. En cuanto a la Policía Boliviana dispone en el Artículo 251 que “como fuerza pública tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano” y enseguida señala que “como institución no delibera ni participa en acción política partidaria”.
No obstante esas disposiciones, desde hace algún tiempo el aparato estatal y sus mecanismos de coacción han entrado en una crisis sostenida de la que han emitido rotundas quejas sus mismos integrantes. Efectivamente, la situación del Órgano Ejecutivo se encuentra en estado crítico por denuncias de corrupción e ineficiencia en sus actividades, mientras la del Órgano Legislativo es observada por su inoperancia, la sanción de leyes que nadie cumple, cuyos miembros se limitan “a levantar la mano”, etc. De otro lado, las críticas al Órgano Judicial han alcanzado tal gravedad que las mismas autoridades ejecutivas han propuesto su disolución a la brevedad posible e inclusive los mismos magistrados han reconocido sus deficiencias y aceptado que ese brazo del Estado debe ser clausurado y sustituido por otro.
De otro lado, si bien dichos tres órganos están en deterioro, también se encuentran en grave crisis los aparatos de coacción o sea las Fuerzas Armadas y la Policía, como prueban los amotinamientos militares de clases y oficiales de baja graduación durante los meses de mayo y junio pasados y que no se han resuelto hasta el presente, en el primer caso, y el movimiento de rebelión que se observa en estos días con los policías, en el segundo.
Si se generaliza los casos observados, se encuentra que el aparato del Estado en su conjunto atraviesa un momento muy poco deseable y, a la vez, se comprueba que, en cuanto a este orden establecido, el país no ha avanzado en últimos años en ninguna forma y que, por el contrario, continúa en desbocada marcha hacia una situación imprevisible.
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