Revocatorio para magistrados

Volviendo sobre sus pasos, el Gobierno anuncia revocar mediante referéndum el mandato de los magistrados elegidos por voto el 16 de octubre de 2011. Así lo anunció el presidente Evo Morales en el ampliado del MAS realizado recientemente, como “profunda revolución en la justicia boliviana”. Lo cierto es que dicha elección fue calificada por el oficialismo como necesaria para acabar con males como la retardación y la corrupción en la Justicia, pero los males continúan, sino se han agravado.

Además de someterlos a revocatorio, el Presidente dejó entender que tienen “responsabilidades directas” y que éstas podían aplicarse de un modo “revolucionario”, con la participación del pueblo. Escuchada su palabra, ministros y legisladores se plegaron en sentido de “meterle nomás”, pese a que la Ley de Régimen Electoral limita el Referéndum revocatorio a los elegidos para cargos políticos por voto popular, no procediendo “respecto a las autoridades del Órgano Judicial ni del Tribunal Constitucional Plurinacional” (Art. 25, Parágrafo II).

Esta determinación sin fecha, clasificaría una nueva violación tanto de la Ley de Régimen Electoral -denominada una de las “leyes fundamentales” de los últimos nueve años- y de otras disposiciones conforme a las cuales los magistrados y jueces sólo pueden cesar por delito de prevaricato, previo proceso ejecutoriado. Violaciones como éstas son uno de los cargos más frecuentes atribuidos por la opinión pública al Gobierno.

Parecido es el tono de las autoridades sobre el pronunciamiento presidencial. Según la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, habiendo sido elegidos, pueden ser revocados los magistrados; Cristina Mamani, Presidenta del Consejo de la Magistratura, al respecto dijo “yo no tengo ningún problema”. La Ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, se apartó algo de sus colegas reclamando que “también hay que ser hidalgos” y reconocer que la elección de la cúpula del Órgano Judicial fue una “equivocación”, añadiendo que verán cómo “cambiar esta situación”. No podían faltar los legisladores oficialistas y el jefe de Bancada del Senado, Julio Salazar, dijo que si el Órgano Judicial elegido “no funciona” puede ser cambiado.

Si por el hecho de haber sido elegidos procede la revocatoria, los miembros restantes del Órgano Judicial están a salvo, aunque muchos incurran en retardación y corrupción, incluido el Ministerio Público. El más claro antecedente que contradice la forma por la que se piensa sustituir a los elegidos -el referéndum revocatorio- no es otro que el repudio de la ciudadanía a la elección misma de los ahora tachados por el Gobierno, expresado mediante su voto negativamente mayoritario, junto a una notable abstención. La ciudadanía manifestó su disconformidad, comprendiendo que toda elección es política o, como en este caso, de corte clasista, tanto peor tratándose de la Justicia cualquiera que fuese el Gobierno patrocinante.