Familiares de víctimas no fueron informados
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, viajó ayer a Estados Unidos para presentar ante el Departamento de Justicia una segunda petición de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), informaron a Efe fuentes oficiales.
Guerrero lidera la comisión integrada por representantes de los ministerios de Exteriores y de Justicia y dos víctimas del “octubre negro”, como se conoce a la represión en 2003 a protestas contra la exportación de gas a EEUU por un puerto de Chile, que se saldó con 60 muertos y al menos 400 heridos.
Según la nota de Efe, Guerrero se reunirá hoy con autoridades del Departamento de Justicia para explicar los argumentos de la segunda petición de extradición del exmandatario boliviano, después que el Gobierno de EEUU rechazara la primera petición en 2012.
La misión boliviana tiene previsto presentar el exhorto suplicatorio de la solicitud de extradición, un documento con más 2.200 páginas.
Además de Sánchez de Lozada, la Fiscalía de Bolivia pide la extradición de los ministros de su segundo mandato en las carteras de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, e Hidrocarburos, Jorge Berindoagüe.
Por ese mismo caso, el Tribunal Supremo de Justicia condenó en 2011 a dos exministros y cinco exjefes militares que ejercieron en 2003 a penas que van de tres a quince años de prisión.
Este juicio quedó en suspenso para el exmandatario, Sánchez Berzaín y Berindoagüe hasta su extradición, debido a que la legislación boliviana no permite los juicios en ausencia.
En mayo pasado, el juez estadounidense James Cohn encontró indicios “convincentes” para que avance una demanda contra Sánchez de Lozada por presuntas violaciones de los derechos humanos, que fue presentada por familiares de ocho de las víctimas del caso.
La defensa de Sánchez de Lozada apeló en junio la decisión de Cohn para que no se permita seguir con la acción civil.
El juez estadounidense puede tomar una decisión final sobre ese punto hasta agosto, según abogados bolivianos de las víctimas.
FAMILIARES
Al respecto el abogado de la Asociación de Familiares de los Caídos en Defensa del Gas, Rogelio Mayta, dijo a El DIARIO, que desconocían el viaje que realizó el Fiscal General del Estado. "No fuimos considerados a pesar de que solicitamos una copia del exhorto suplicatorio que se presentará al Departamento de Justicia".
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