Recomiendan optimizar control de trabajo infantil

Con la modificación del nuevo Código Niña, Niño, y Adolescente, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de los municipios y Ministerio de Trabajo tienen un año para diseñar los mecanismos para autorizar a las familias que sus hijos trabajen y supervisar los mecanismos y condiciones de contratación además de prever los procesos que garanticen sanciones a quienes incumplan dicha norma, pero a la vez la sensibilización de la sociedad es crucial.

El presidente de la Fundación DyA Bolivia, Luis Stacey Retamal, institución que junto a varias organizaciones indígenas y campesinas, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos municipales y entidades gubernamentales-ejecuta proyectos en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y La Paz-El Alto, contribuyendo a la erradicación de la explotación laboral de niños, niñas y adolescentes realiza algunas puntualizaciones entorno a esta norma que trajo polémica y preocupación junto al Centro de Multiservicios Educativos (Cemse) El Alto, a cargo de su representante, Olga Ferreyra.

Según el representante de la organización D&A, la noticia de la aprobación de la norma, se ha recibido con preocupación. Cuando se conocía que en el Senado se estaba trabajando en las reformas al Código y que habían invitado a reuniones de trabajo a representantes de organizaciones de niñas, niños y adolescentes trabajadores, y a comisiones de los Ministerios de Justicia, Trabajo y Educación, varias organizaciones de la sociedad civil como la institución que preside Stacey no tuvieron espacio para compartir con su experiencia y conocimiento sobre el tema del trabajo infantil en las comisiones, tampoco se dio tiempo suficiente para recoger opiniones y observaciones a dichas reformas, una vez que pasó el proyecto a la Cámara de Diputados.

TENDENCIA REGIONAL

Según Stacey, la tendencia en países de la región que tienen condiciones y retos similares mantienen la edad mínima de 14, 15 y hasta 16 años para actividades laborales. En ningún caso hay excepciones que habiliten a la población entre 10 y 14 años para que se incorporen a actividades laborales.

En estos casos Stacey considera que las leyes deben crear las condiciones para garantizar que las niñas, niños y adolescentes tengan oportunidades de desarrollo y crecimiento acordes a su edad. Adicionalmente, los acuerdos internacionales de los que son signatarios los países de la región, incluida Bolivia, están orientados a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de esta población con base en el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Por otro lado no se sabe si existió o no comprensión suficiente de la problemática de trabajo infantil dentro de la Asamblea Legislativa porque no se conocen los argumentos para aprobar las reformas y excepciones respecto de la edad mínima para el trabajo infantil. "En el país no contamos con información suficiente y actualizada de la cantidad, ubicación y condiciones del trabajo que realizan niñas, niños y adolescentes, las condiciones de vida de esta población, qué actividades económicas realizan, si están estudiando o no, entre otras. La última encuesta nacional de trabajo infantil es del año 2008 y en el censo del 2012, no se generó información sobre trabajo infantil.", precisó.

NO ES CUESTIÓN DE NORMATIVA ES SINO DE SENSIBLIZACIÓN

Por su parte la representante de CEMSE EL ALTO, considera que desde la Asamblea Legislativa o desde cualquier espacio de la sociedad civil aún no hay la suficiente sensibilidad para entender la problemática del trabajo infantil, sea desde una mirada cultural o desde la pobreza y la necesidad; ambas involucran a desarrollar alguna competencia, capacidad y que probablemente sirva para la vida, sin embargo el tiempo que le dedicamos a la subsistencia es el tiempo que le quitas a tus derechos, a poder estudiar, a llegar al colegio sin cansancio, a poder jugar con el niño o la niña que guardas dentro.

Cuando al Cemse le tocó trabajar la experiencia de trabajo infantil, resalta Ferreira, sin duda ha sido una experiencia retadora ya que en muchos casos las y los chicos y chicas con quienes trabajan extrañan la niñez. "en alguno de ellos escuché: “aprendí mucho trabajando, por eso soy como soy pero me hubiera gustado jugar y no vender, me hubiera gustado estar más en mi casa y tener alguien que me quiera”. afirmó.

A partir de esta realidad Ferreyra considera que no es cuestión de normativa, es cuestión de procesos de sensibilización de todas y todos y que nos demos cuenta que algo está pasando con nuestros jóvenes y adolescentes, la pregunta debiera ser:¿ por qué los estamos lanzando cada vez más niños al mercado laboral, qué cosas como adultos no estamos logrando satisfacer?

EL RIESGO: INCORPORACIÓN PREMATURA AL TRABAJO

Si bien la construcción de un sistema de protección requiere de tiempo y recursos Stacey considera que la Defensoría de la Niñez y el Ministerio de Trabajo tienen un año para diseñar los mecanismos para autorizar a las familias que sus hijos trabajen, para supervisar los mecanismos y condiciones de contratación y prever los procesos para garantizar las sanciones a quién incumpla la ley a fin de evitar abusos y malas interpretaciones. El riesgo de que no se cuente con la normativa y la institucionalidad requerida es que los niños, niñas y adolescentes de 10-14 años de los sectores más vulnerables se incorporen prematuramente a actividades laborales en condiciones precarias y peligrosas.

El hecho de que una niña o un niño cuente con la autorización de sus padres o tutores no garantiza que los derechos de niñas, niños y adolescentes sean respetados, que no realicen actividades peligrosas, que no estén expuestos a situaciones de explotación o que les permitan estudiar. Es el Estado, las familias y la sociedad civil quienes deben garantizar el ejercicio de sus derechos.

Para la representante de Cemse El Alto, "siempre se corre el riesgo, porque las normativas no son las que están mal diseñadas serán los implementadores de justicia quienes desde su óptica o desde su mirada jurídica harán o no respetar el derecho ciudadano, pero al mismo tiempo para que la normativa se cumpla en justa igualdad será importante que se tenga la participación activa de la sociedad civil como corresponsables de la mejora de las condiciones de vida de niñas/os y adolescentes",argumentó.

FORTALECER CAPACIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

Para Stacey será importante generar información de la situación de la población infantil trabajadora, sus familias, las actividades que realizan, niveles de educación, condiciones de salud, entre otras, para poder diseñar políticas pertinentes y eficaces para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales.

En ese marco las entidades municipales deben fortalecer su capacidad técnica e institucional para diseñar e implementar protocolos y programas de protección, atención, gestión de servicios sociales (educación, salud, recreación, deporte, cultura, etc.), seguimiento y evaluación de casos, e invertir recursos y esfuerzos orientados a la prevención y erradicación de explotación laboral infantil, con el apoyo de entidades especializadas, sean públicas o privadas.

Finalmente, son estos niveles de gobierno quienes deben retroalimentar y recomendar cambios, ajustes y modificaciones de las reformas políticas que se plantean en el nivel central, con base en su conocimiento y contacto con la población.

Ferreyra por su parte considera que el ejercicio de la corresponsabilidad es fundamental es decir "dar a conocer, difundir, sensibilizar, capacitar pero sobre todo dar la posibilidad de desarrollar experiencias que permitan a todos las y los actores sociales entender que la niñez y la adolescencia es un asunto de todas y todos no sólo de la escuela, no sólo desde una mirada estatista es un asunto de la señora de la tienda, de la madre de familia, del padre , de los chóferes, de cada uno de los sectores , hay que involucrarse y hay que promover que todo miembro de nuestra sociedad conozca y respete esta norma y que sepa las penalidades a su incumplimiento . Cuando la sociedad Civil conoce de las normativas es el momento en que se empodera de sus derechos, cuando una niña, niño joven o adolescente conoce de sus derechos es cuando la sociedad empieza a cambiar, se transforma en términos de respeto e igualdad de oportunidades.