Perú y Bolivia pactan para atender casos de trata y tráfico de personas

Luego de que las Defensorías del Pueblo, de Bolivia y Perú, firmaron un acuerdo para proteger y promover los derechos humanos de los migrantes, enfatizando el tema de la trata y tráfico de personas por lo cual una de las primeras tareas será la conformación de comisiones para visitar el campamento minero de la Rinconada en el vecino país, donde no se tiene información oficial sobre la cantidad de víctimas de trata y tráfico, sometidas a explotación sexual entre otros delitos.

El defensor del Pueblo Rolando Villena firmó el pasado lunes 7 en Lima, un acuerdo interinstitucional con su homólogo del Perú, Eduardo Vega Luna, cuyo objetivo principal es “promover y proteger los derechos humanos recíproco entre los ciudadanos de ambos países, que migraron por cualquier razón.

Según Villena, el convenio permitirá en lo inmediato “trabajar de manera urgente y conjunta en temas como la lucha contra la trata y tráfico de personas, los derechos laborales de migrantes, la atención de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de mujeres, personas privadas de la libertad y personas pertenecientes a pueblos indígenas”.

El convenio está basado en cuatro principios y refirió, “la migración es un derecho humano; las y los migrantes son sujetos de derechos en cualquier circunstancia y en todo momento; ninguna persona es ilegal y debemos globalizar el ejercicio de los derechos humanos”, dijo.

La Defensoría, hasta el momento, ha suscrito 19 convenios que aplican estos principios, con las Defensorías del Pueblo de España, México, 16 provincias argentinas y Perú y se tiene previsto otro acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Brasil. Según el Defensor, “el principio rector es que las y los migrantes de nuestra región tienen a dos Defensorías que velan por sus derechos, la de su país de origen y la de aquel que los acoge”.

LA RINCONADA

Sin embargo el dato preocupante fue el referido a la presencia de víctimas de trata y tráfico de personas en el campamento minero de La Rinconada, ubicado en la provincia de Puno en Perú, ya que existen evidencias, “muy claras” de que existen vulneración de derechos humanos.

Según explicó Villena, no existen datos precisos sobre el número de víctimas que se encuentran en este campamento minero, debido a los mecanismos ilegales que se emplean para internar a personas que, según los mismos reportes de prensa peruanos, que en la mayoría de los casos fueron secuestradas.

La firma de este acuerdo permitirá que se gestione ante las fuerzas policiales de los dos países, la comparación de reportes diarios sobre estas denuncias, también se prevé tener un control sobre el flujo de personas entre ambos países para tener parámetros de edad sexo y otros que permitan establecer indicios para ser investigados.