La libertad de expresión

El derecho a la información es un derecho humano, es un corolario importante de la libertad de expresión, consagrado en el Art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que todo individuo tiene derecho a investigar, a recibir informaciones y opiniones, y difundirlas. Se usa numerosos términos para describirlo: derecho a saber, derecho a la información, libertad de información y acceso a la información, entre otros.

Si bien la mayoría lo asocia con el derecho a solicitar y recibir información de entidades públicas, el derecho a la información implica una comprensión más amplia: la promoción de la libertad de información puede coadyuvar a la participación democrática y el buen gobierno, además de colaborar al cumplimento de otros derechos humanos.

Hay una gran cantidad de jurisprudencia a nivel internacional que reconoce que el derecho a la libertad de expresión abarca también al derecho a la información. A nivel regional, entidades como la Organización de Estados Americanos han reconocido formalmente el derecho a la información. El Art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un tratado vinculante, garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información de forma similar a la que se encuentra en los instrumentos de la ONU.

A nivel nacional, el derecho a la información encuentra soporte dentro de las garantías constitucionales, así como mediante la adopción de leyes nacionales. Recientemente, los gobiernos latinoamericanos han mostrado avances significativos en la legislación al respecto.

En 1990, sólo 13 países en el mundo habían adoptado leyes de derecho a la información y solamente uno en América Latina. Los 20 años que han pasado desde entonces, sin embargo, han traído un crecimiento exponencial de leyes de derecho a la información (DI), con más de 80 de las mismas adoptadas a nivel mundial, y 11 en Latinoamérica.

En la región andina, los países con estas leyes incluyen a Ecuador, Colombia y Perú. A pesar de la tendencia mundial hacia la adopción de leyes DI existen muchos obstáculos que impiden el pleno cumplimiento del derecho que tienen los ciudadanos al acceso a la información. Hasta las leyes modelos DI se quedarán lejos de sus objetivos de transparencia y apertura si no se atiende los complejos retos que hay para su implementación. La experiencia internacional deja ver que la implementación es, a menudo, el mayor reto que encaran los gobiernos.

Basándose en el supuesto de que la información en manos de entidades públicas es propiedad de la ciudadanía -y que los gobiernos democráticos deben responder ante las demandas del público-, el derecho a la información tiene gran potencial para el empoderamiento de los ciudadanos y el fortalecimiento de la transparencia entre las instituciones de gobierno. Aunque el derecho a la información a menudo es visto como una herramienta para los periodistas investigadores, es de hecho un derecho de todos. Todo individuo tiene derecho a inspeccionar las acciones de su gobierno y de participar en un debate saludable sobre las decisiones de los funcionarios electos.

Exigir la rendición de cuentas implica acceso a la información sobre el desempeño de las instituciones y los funcionarios públicos. Es esta comprensión de la relación necesaria entre el derecho a la información y el buen Gobierno, entre la libertad de expresión y el amplio empoderamiento, la que brinda al derecho a la información su valor en la promoción de la democracia.