Israel Camacho Monje
El ciudadano común no comprende cómo nuestros gobernantes de turno, al tener abandonadas nuestras fronteras con Chile, está dando lugar, por un lado, al flagrante saqueo de nuestros minerales y materias primas, y por el otro, a que mediante el contrabando nos inunden de basura: ropa usada y autos “chutos”.
Es de conocimiento general que desde el 2006 al 2014 inclusive, muchas empresas chilenas, con beneplácito del Gobierno mapochino, están importando toneladas de fardos de ropa usada, dizque de Estados Unidos, así como miles de autos “chutos” de países asiáticos, que se encuentran almacenados en cientos de galpones situados a lo largo de la frontera que divide a Chile y Bolivia. Estos motorizados son metidos de contrabando a territorio boliviano, aprovechando la escasez de puestos militares y policiales, y mucho menos aduaneros.
Por ello son transportados libremente por nuestras carreteras miles de fardos de ropa usada, así como miles de autos “chutos”, hasta poblaciones campesinas catalogadas como estratégicas, que se han convertido en fortines inexpugnables, más propiamente se han vuelto territorios independientes, donde se realizan ventas, sea en dólares estadounidenses o su equivalencia en sustancias controladas (kilos de cocaína).
Poblaciones campesinas bolivianas son convertidas en depósitos del contrabando chileno, donde curiosamente está prohibido el ingreso dizque de personas extrañas, y aquellos que por curiosidad o accidentalmente han entrado, jamás han vuelto a salir. Por tal razón es fundado el temor de la presidenta de la Aduana, señora Marlene Ardaya, en sentido de que no se atreve a entrar en las mismas, para no provocar la reacción de los campesinos.
Esas poblaciones campesinas actúan bajo el respaldo de la “justicia comunitaria”, y desde allí curiosamente los autos “chutos” salen hacia las ciudades respaldados con documentos como: 1) Contratos de compra-venta, legalizados por abogados y con los impuestos de ley. 2) Placas de circulación. 3) Rosetas de Tránsito de revisión vehicular. 3) Sticker para adquirir gasolina. 4) SOAT, por si fuera poco. Y para colmo, en nuestro país ni las autoridades correspondientes pueden identificar con certeza estos documentos, para saber si son auténticos o falsificados.
Por todo lo anterior, el ciudadano común no puede menos que lamentar que las autoridades gubernamentales, que muy bien saben de esta permanente agresión chilena, curiosamente nada hagan para impedir que semejante cantidad de “basura chilena” siga llegando e inundando a Bolivia. ¿Qué lástima, verdad?
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