ANP reclama derecho de consulta sobre tributo

Después de haberse aprobado en grande y detalle en la Cámara de Senadores, las modificaciones a la Ley 052 de Seguro Privado de Vida para Trabajadoras y Trabajadores de la Prensa de Bolivia, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) comunicó su desacuerdo por no incluirlos en el tratamiento y correspondiente debate de la norma.

En un documento de prensa llegado a la Redacción de EL DIARIO, la ANP expresa ante la opinión pública su profunda preocupación por un nuevo proyecto modificatorio de la Ley de Seguro de Vida para trabajadores de la prensa que fue aprobado ya por la Cámara de Senadores y ahora se encuentra en consideración de la Cámara Baja, por los implícitos intentos de transformarlo en instrumento para debilitar las finanzas de las empresas periodísticas independientes.

“La ANP está ingratamente sorprendida porque el trámite previo al análisis de la Cámara de Senadores, no incluyó la participación de los medios de comunicación, como estila el buen procedimiento democrático y por el contrario, se recurrió a algunos periodistas con afinidades políticas con el partido gobernante para elaborar el proyecto modificatorio”, indica.

“Esa gestión”, aprobación en grande de la modificación de la ley del seguro del periodista, “impulsada desde el Gobierno, lamentablemente continúa orientando la norma contra el trabajo independiente de medios que, además de esta carga tributaria, están excluidos de los avisos gubernamentales reservados sólo a empresas elegidas por altos funcionarios de Gobierno, según lo admitieron ellos mismos en varias oportunidades”, sostiene.

La aplicación de un tecnicismo denominado ingreso real y efectivo en lugar de los ingresos brutos con un aporte de uno por ciento, representa un juego de términos que en la realidad continúa asfixiando la débil economía de los medios, y está alejado del fallo del Tribunal Constitucional que pide una proporcionalidad entendida como razonable imposición del tributo.

La ANP ha expresado en reiteradas oportunidades que la conformación de una bolsa común de aportes, supuestamente destinada al pago de un seguro en el momento del fallecimiento del beneficiario, permitirá que los excedentes sean empleados en otros fines, bajo la flexibilidad concedida en el parágrafo III del artículo 7 de la Ley 315. Esa facilidad sólo conducirá al uso y abuso irracional de un dinero generado por empresas privadas.

Por último la ANP, aclara que, “el trámite resuelto entre legisladores y personas afines al Gobierno representa otra forma solapada de ataque a la libertad de expresión porque dista mucho de un debate democrático que ayude a la ley al cumplimiento de sus objetivos”.

La ANP recuerda al país que apoyó siempre la creación de un seguro para todos los trabajadores de los medios de comunicación, sin excepción alguna, y cuyo obligatorio cumplimiento esté a cargo de sus respectivas empresas para garantizar los objetivos verdaderos de la medida y la correcta administración de los recursos que ellas mismas financian.