Caso terrorismo
El fiscal Javier Monasterios, miembro de la comisión del Ministerio Público que lleva adelante le juicio del caso terrorismo I informó que el tribunal no conoció la supuesta carta que habría enviado el exfiscal Marcelo Soza al pueblo boliviano luego salir del país y tramitar su asilo en el Brasil.
La autoridad dijo que desconoce la existencia de la misiva y aclaró que la misma carece de valor probatorio porque no fue legalizada por la Cancillería del Estado y tampoco fue adelantada como prueba.
“Se ha escuchado en el desarrollo del juicio oral, que se iba a presentar una carta, pero ante esa circunstancia, seguramente los interesados para poder aportar este tipo de elemento son ellos (los acusados) que deben presentarla pero lo harán como una prueba extrajudicial o cómo será. Desconocemos de manera fehaciente la existencia de dicha carta”, dijo.
En fecha 11 de marzo, Soza envió una carta antes de irse a Brasil la misma habría sido leída por la defensa de los acusados en el caso Rozsá, en la que entre otras cosas pide reconducir el Caso Terrorismo, habla de los supuestos responsables de las extorsiones de las cuales es acusado y habla también del ex funcionario de gobierno Carlos Núñez del Prado.
“Hasta hace poco tiempo altas autoridades del Gobierno de manera pública me pedían que continuara con mi labor y me ofrecían su confianza y respaldo para la investigación que dirigía.
“Estas autoridades que hoy callan, ayer me pedían que colaborara para sus fines políticos para lograr ciertos resultados, esas acciones fueron las que hicieron que se desnaturalizara la investigación que con celo profesional he llevado adelante…”
Posteriormente se conoció su declaración al Consejo Nacional de Refugiado (CONARE) Brasil, donde hace un relato del caso que le tocó investigar luego de los acontecimientos ocurridos el 16 de abril de 2009 en el hotel de Las Américas donde perdieron la vida Eduardo Roszá, Michel Dwyer y Arpad Magyarosi. Siendo los únicos sobrevivientes Eló Toaso y Mario Tadick.
A la fecha son 39 acusados en el proceso de los cuales 17 son prófugos, el resto están con detención domiciliaria y una decena permanece con detención preventiva.
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