Defensor condena prácticas de linchamientos en Chapare

Ante las versiones de un triple linchamiento, suscitado en el Chapare, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, cuestionó el encubrimiento y complicidad de esa población y expreso su alarma anta la falta de resultados por parte de las autoridades responsables de hacer cumplir las leyes.

Luego de permanecer como desaparecidos por una semana, los cuerpos identificados de Alex Cabezas Avendaño de 16 años, Freddy Catorceno Mamani de 24 y Johnny Alvaro Ortiz de 19 años, fueron encontrados el pasado miércoles, flotando en las aguas del Rio Mariposas, en la comunidad de Trinitarios, del municipio Puerto Villarroel en el Chapare cochabambino, como lo informó el comandante de la policía del Trópico, coronel, Freddy Enriques.

Aunque de manera oficial se desconocen los móviles del hecho, sin embargo, Familiares expresaron que Freddy Catorceno Mamani, taxista de Trans Carrasco junto a los otros dos jóvenes fueron contratados para recoger una motocicleta de esta población.

Posterior a esto y con versiones de hechos sospechosos en la zona, una comisión de miembros del Ministerio Público, Policía y Defensoría del Pueblo activaron la búsqueda que dio con el macabro hallazgo.

“Lamentablemente, sólo hemos alcanzado a constatar que los tres individuos, fueron torturados y asesinados en medio de inimaginables sufrimientos”, sostiene el Defensor mediante un comunicado.

El Defensor además denuncia que con este caso y según los reportes públicos, suma a más de 10 crímenes de esta naturaleza ocurridos en municipios de la región del Chapare entre 2013 y 2014.

Según el Defensor el tema de los linchamientos es complejo y multicausal y tiene que ver con temas de seguridad ciudadana, la falta de protección, la acción de grupos delincuenciales, la debacle del sistema judicial, el incremento de los hechos delictivos, pero también porque hay un límite entre la comprensión de estos procesos y la tendencia a su generalización que, como sociedad y como Estado, no se puede seguir ignorando ni socapando.

“Desde estas consideraciones y en atención a mi mandato constitucional, estoy pidiendo a las autoridades departamentales y nacionales un informe sobre el tema, a fin de exigir que se cumpla la ley, se investiguen los hechos y se asuman medidas drásticas, no solamente en este caso, sino en todos los que aún permanecen en la impunidad”, concluyó el Defensor del Pueblo.

Los linchamientos de supuestos delincuentes ocurren con frecuencia y, según advirtieron los juristas, muestran que en el país rige una pena de muerte de facto aplicada por muchedumbres contra personas que muchas veces son inocentes. Las turbas siempre argumentan que aplican la llamada justicia comunitaria indígena, reconocida en la Constitución promulgada en 2009, que no establece ni ampara la pena de muerte ni los castigos físicos.

En ese sentido, tanto las autoridades bolivianas como organismos internacionales, entre ellos la ONU, mostraron su preocupación por estos actos que la Policía no ha logrado frenar, ya que muchos tienen lugar en zonas rurales en las que apenas hay agentes que puedan enfrentarse a las muchedumbres furiosas.

Según organizaciones de defensa de los derechos humanos, en Bolivia se producen entre diez y veinte casos de linchamiento consumados cada año y una cifra mayor de intentos, según reporte de EFE.