Fiscalía destinó no más de $us 50 mil para contratar consorcio de abogados en EEUU

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó ayer que el contrato con el consorcio de abogados Rabinowitz, en los Estados Unidos, que tendrá a su cargo el seguimiento al pedido de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, bordea los 50 mil dólares.

“Hemos suscrito con el consorcio de abogados por las actividades que van a cumplir. Ellos harán el seguimiento en el Departamento de Justicia y para el mes de agosto se prevé una reunión técnica con nuestros abogados para ver si hay que hacer alguna presentación adicional (al exhorto suplicatorio presentado). El contrato es por las actuaciones cuyo monto no excede los 50 mil dólares”, dijo la autoridad en conferencia de prensa.

Guerrero dijo que en todo este trámite el Gobierno boliviano destino al menos un millón de bolivianos a través de una solicitud efectuada al Ministerio de Economía y Finanzas, destinado a cubrir los gastos que se requerían para pagar a los traductores.

“Necesitábamos la traducción de las más de 2.20 hojas que tiene esta solicitud de extradición. Cotizaciones de hojas por palabra. Requería de un presupuesto adicional. Hicimos las gestiones y el Ministerio de Economía y Finanzas dio un monto adicional de un millón de bolivianos para el trámite. Tanto para la traducción como para la contratación de los abogados”, sostuvo.

Junto a la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, el Fiscal General informó sobre los resultados del viaje a Washington la pasada semana, las reuniones que sostuvieron con representantes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a quienes les hicieron conocer su confianza porque este trámite no dure “cuatro años” como en la primera solicitud que se presentó.

Para lograr la extradición de las exautoridades se está trabajando de forma planificada y de manera responsable, en el marco estricto de las leyes y procedimientos, además enmarcados en el Tratado de Extradición que se firmó con Estados Unidos en 1995, dijo Guerrero.

Por su parte, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, sostuvo que las reuniones realizadas en el país del norte fueron “satisfactorias” porque se logró el compromiso de las autoridades estadounidenses para acelerar la revisión de los documentos.

“Esas reuniones fueron muy satisfactorias, hubo por lo menos el compromiso para dar celeridad a la revisión de los documentos”, señaló.

Luego expresó su confianza en que en el lapso de dos meses el Departamento de Justicia pueda hacer llegar al gobierno boliviano las observaciones respectivas. Para ello el fiscal Guerrero dijo que se pidió a las autoridades norteamericanas que de hacerlo lo realicen por intermedio de la Cancillería.

Para el Fiscal General, el tratado no establece un plazo, “el mismo tratado dice que debe darse resuelta de manera rápida, oportuna y pronta, pero no establece un plazo de días de meses o años, por eso mismo hemos contratado al bufete de abogados para que esté de manera permanente y de mayor celeridad” al trámite.

La comisión boliviana estuvo compuesta por la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez; el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero; Freddy Ávalos, abogado de las víctimas de Octubre Negro; Adolfo Nina Suxo, víctima de Octubre Negro; además del embajador de Bolivia en la Organización de Estados Americanos (OEA), Diego Pari; y el representante de negocios de Bolivia en Estados Unidos, Freddy Berzati.

El segundo exhorto fue presentado en Washington para lograr la extradición del expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y sus entonces ministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, acusados por los delitos de genocidio, homicidio, vejaciones y torturas, lesiones gravísimas, graves y leves, privación de libertad y allanamiento de domicilio.