El tema marítimo boliviano se ha constituido en la piedra en el zapato de Chile, que le incomoda, ahora más que nunca. Por ello que ha lanzado nuevamente su ofensiva artificiosa sobre el particular.
En consecuencia, que la opinión pública internacional sepa que Chile siempre ha recurrido al subterfugio con el propósito de posponer la solución al conflicto marítimo considerado “de opinión continental y aún mundial” por el presidente Franklin D. Roosevelt (Valentín Abecia: “La dramática historia del mar boliviano”, 1986, pág. 159). Lo hizo en diferentes ocasiones. Y ahora intenta hacer lo propio en la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, donde radica, desde abril 2013, el recurso legal que interpuso Bolivia en torno a este problema.
Chile se ha propuesto, en definitiva, perpetuar el encierro geográfico boliviano originado por la reprochable invasión, de hace más de 130 años, a territorio patrio. Una iniciativa emprendida e impulsada por la corriente radical antiboliviana, que pretende, hoy como ayer, obstruir la posibilidad de un entendimiento bilateral, de “buena fe”, que permita restañar las heridas provocadas por la tropelía que significó la invasión de 1879 .
Esta lectura se desprende de la postura que asumió el gobierno de la señora Michelle Bachelet, que ha determinado, con el respaldo político de sectores afines a su gestión gubernamental, objetar la competencia de ese alto tribunal de la ONU, en relación con la demanda marítima que presentó Bolivia, en contra de aquél país, hace más de un año.
“Después de un proceso de consulta donde he escuchado a diferentes actores de nuestro país y cumpliendo mi deber de salvaguardar el interés superior de Chile, he tomado la decisión de objetar la competencia de la Corte Internacional de La Haya, presentando para ello objeciones preliminares a la jurisdicción de dicha Corte dentro del plazo previsto para estos efectos que vence el próximo 15 de julio”, manifestó la presidenta chilena Michelle Bachelet (EL DIARIO, julio 8, de 2014).
Chile, con esta decisión política, busca descalificar no sólo la demanda marítima boliviana sino a quienes administran la justicia desde las esferas de la Organización de Naciones Unidas. La señora Bachelet, que decía ser amiga de Bolivia, ha dado un giro de 90 grados y por consiguiente plantea serias objeciones al propósito boliviano que tiende recuperar el mar cautivo. Se veía venir este accionar porque los gobernantes de la anterior gestión, presidido por el señor Sebastián Piñera, en concomitancia con quienes ahora gobiernan Chile, diseñaron una estrategia direccionada a desvirtuar el supremo objetivo de la reivindicación marítima boliviana en el plano de la comunidad internacional y en instancias de la justicia respectiva.
Debido a este diferendo Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962. Salvo, pues, un paréntesis entre 1975 y 1978.
En suma: Bolivia denuncia, ante la opinión pública regional y mundial, el hecho de que Chile tan sólo busca confundir, distraer y dilatar, el tema marítimo, con su objeción a la Corte Internacional de Justicia. He ahí una actitud inaceptable.
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