Juristas aclaran que procesos penales son a personas
Oruro, (EL DIARIO).- La alcaldesa de Oruro, Rossío Pimentel, asegura que su municipio tuvo una baja ejecución presupuestaria debido al accidente de la caída de una pasarela en el Carnaval de Oruro. Esta aseveración fue criticada por juristas que indican que procesos penales son a personas no a instituciones y por lo tanto no puede afectar al avance de gestión al frente de una Alcaldía.
Durante la presentación de su informe semestral, la edil justificó la baja ejecución de su gestión al juicio penal instaurado contra tres técnicos de la Municipalidad de Oruro. Lo que habría provocado la paralización de las actividades y ejecución de proyectos, durante dos meses.
“Estuvimos casi todo mayo parados con el proceso y casi todas las áreas”, dijo la Alcaldesa. La caída de la pasarela del Carnaval de Oruro ocurrió el 1 de marzo de 2014, provocando la muerte de cinco personas y más de 90 personas heridas.
A los tres días, se efectuó la inspección y reconstrucción del hecho, con la participación de abogados, peritos, músicos de la banda espectacular Poopó, espectadores, heridos y fiscales, para tratar de encontrar respuestas a las interrogantes que habían surgido sobre la forma en que se desplomó la pasarela.
La primera conclusión de los fiscales es que hubo exceso de peso en la pasarela. De la misma forma, no se efectuó la recepción oficial de la pasarela ni garantías de la empresa para el uso del público. Por ese motivo, después de 20 días de investigaciones, se efectuó la imputación contra el oficial mayor de desarrollo urbano, Roger Copa, como uno de los principales responsables del accidente, por no tomar previsiones técnicas ni seguridad para el uso de la pasarela. Otras dos ingenieras están en el mismo proceso.
La alcaldesa municipal, Rossio Pimentel Flores, fue marginada de las investigaciones, pero, en su reciente declaración efectuada a los medios de comunicación de Oruro, explicó que durante más de dos meses estaba paralizada la Municipalidad, por ese proceso judicial sobre el caso de la pasarela.
La alcaldesa fue convocada por los parlamentarios para presentar su informe técnico sobre la caída de la pasarela. El informe fue incompleto, pero ella aprovechó la situación para deslindar su responsabilidad del hecho. El proceso judicial se encuentra paralizado en el Ministerio Público. Sin embargo, el fiscal de materia, Aldo Morales, dijo que las investigaciones están avanzando para emitir un informe en conclusiones que permitirá efectuar la acusación, en base a las pruebas, para ir a un juicio oral ante un Tribunal de Sentencia.
Para la Alcaldesa, recién el 14 de mayo del 2014, el Ministerio de Hacienda aprobó el presupuesto para su ejecución. Desde entonces, “pagamos y cerramos proyectos”, dijo.
Explicó que su gestión ya está terminando y se encuentra “de salida”, pero espera terminar los proyectos que estaban programados durante 2014 y parte del 2015. La baja ejecución presupuestaria llegó apenas al 8,91 por ciento, en el primer semestre de la gestión 2014.
La alcaldesa admitió el hecho, pero justificó que estuvo muy ocupada con el proceso judicial por el caso de la caída de la pasarela. De los 373.308.216 bolivianos, se invirtió apenas 33.255.777 bolivianos.
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