El Legislativo y la Ley 1008

Hace 26 años (1988) se aprobó la Ley 1008 en contra del narcotráfico, empezando por regulaciones para el cultivo de coca y fijando para el consumo interno la cantidad máxima de 12 mil hectáreas de coca. La Ley establecía, clara y terminantemente, que todo excedente debía considerarse producción excedentaria destinada solamente a la fabricación de pasta base y cocaína cristalizada. Los diversos artículos de la ley señalan penas y sanciones a quienes violen esta norma y ello ha implicado que, tiempo después, tanto partidos políticos como asambleístas del Legislativo digan que la Ley 1008 es “injusta, atrabiliaria y contraria a los derechos humanos”.

Prácticamente desde el año 1989 se sostuvo, por parte de senadores, diputados y partidos políticos, la urgencia de modificar esta ley; pero ningún político y ningún parlamentario presentó siquiera un proyecto de modificación, de sustitución de algunos artículos condenados por quienes consideraban injusta la ley, ni hicieron observación alguna. Esta especie de cantinela se fue repitiendo a través de los años y los más contrarios a la Ley 1008 nada hicieron y tan sólo, de tanto en tanto -como ahora en estos días- se dice que hay que “introducirle reformas, humanizarla, hacerla más coherente y aceptable”; que esa Ley debe ser modificada inclusive por el hecho de que se alega que las 12 mil hectáreas de coca fijadas no son suficientes y, otros, que es excesiva; pero nadie presenta ni un simple borrador de modificaciones y todo se reduce a hablar, protestar y expresar la necesidad de modificar.

El hecho de haber fijado en 12 mil hectáreas de coca para usos tradicionales fue debido a que entonces -hace 26 años- se consumía más coca en el campo y de las nueve mil fijadas originalmente se subió a 12 mil viendo la posibilidad de que aumente el consumo. La verdad es que con el correr de los 26 años, decreció el consumo de coca en las áreas rurales porque los primeros en rechazarla fueron los jóvenes en gran mayoría, especialmente los que salieron de los cuarteles; por otro lado, muchos campesinos que emigraron a las ciudades también abandonaron la costumbre de masticar coca. Sin embargo de todo ello, el propio Presidente de la República, primer y más importante dirigente de los cocaleros, sostuvo la necesidad de subir la cuota a 20 mil hectáreas.

Quienes en el Legislativo apoyaron la revisión de la Ley 1008, debieron haber presentado algún proyecto o siquiera bases de discusión tomando en cuenta los puntos más controvertidos dignos de modificarse; pero, que se sepa, hasta ahora no lo hizo ningún senador o diputado. Igualmente, los partidos que estarían con la idea de modificación, tampoco hacen algo. Es, pues, el Poder Legislativo el que debería decidir, finalmente, qué se hace con la Ley 1008 o sigue vigente como hasta ahora. Es preciso tener en cuenta que todo excedente de coca es destinado a la fabricación de droga y esto quiere decir que las autoridades, empezando por el Legislativo, deberían esmerarse para combatir al letal negocio y, para hacerlo, darle mayor contundencia a la 1008, con las modificaciones que sean necesarias; de otro modo, la producción de droga seguirá en aumento.