Acuerdan reforzar acciones en beneficio de adultos mayores

Los responsables de los Centros de Orientación Socio Legal para el Adulto Mayor (Coslam) tras una evaluación de tres años de trabajo, en un encuentro al que denominaron “Exigibilidad y Cumplimiento a las Políticas Públicas de Personas Adultas Mayores” coincidieron en la necesidad de reforzar acciones para viabilizar el saneamiento de su documentación, el derecho a la salud, protección social y derecho a la educación.

“A través de estos centros se ha logrado que puedan acceder una documentación lo que les permitirá beneficiarse de la Renta Dignidad, además se gestionó la implementación del Seguro de Salud, el fortalecimiento de sus organizaciones y la promoción de sus derechos humanos en instituciones públicas y privadas”, afirmó el defensor del Pueblo, Rolando Villena.

El 14 y 15 de julio pasados, evaluaron el trabajo realizado desde 2011 e intercambiaron experiencias positivas para ser replicadas en otros centros. La reunión, que se realizó en la oficina nacional de la Defensoría del Pueblo, permitió además recoger insumos para diseñar líneas de acción para fortalecer la institucionalidad y seguimiento al cumplimiento de políticas, resaltan el posicionamiento de la temática de vejez y envejecimiento en los municipios como una competencia de ámbito social y no solo de las personas adultas mayores.

La responsable de Programas y Actuaciones Especiales, Griselda Sillerico, recordó que la institución ha trabajado con las organizaciones de personas adultas mayores en un proyecto de Reglamento Interno Municipal y en otro para el Reglamento a la Ley 1886 Derechos y Privilegios de las Personas Adultas Mayores, documentos que serán la base para que los Coslam puedan poner en la agenda de las Asambleas Legislativas Municipales, incidiendo su promulgación para trabajar en la exigibilidad de su cumplimiento.

Desde 2011 a 2013 la Defensoría del Pueblo impulsó la apertura de 29 Coslam con el objetivo de vigilar y garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas adultas mayores. De éstos, 16 se encuentran institucionalizados, es decir, que están incluidos en los POA de los gobiernos municipales, contando con la asignación de recursos económicos.