Punto aparte
Desde hace 65 años, China acumuló una caudalosa experiencia en el ejercicio del gobierno y en la política. En 1949, triunfó la revolución comunista en ese país, bajo la conducción del extinto Mao Tse Tung. Desde entonces, sigue siendo un país comunista, pero aplica el capitalismo a partir de los años 90, con lo que se ha constituido al presente en la segunda potencia económica del mundo.
El ex primer ministro de China Wen Jiabao (2003-2013) dirigió a los países emergentes, como Bolivia, 10 recomendaciones para acelerar sus condiciones de desarrollo social y crecimiento económico, puesto que las políticas que propone funcionan exitosamente en aquel inmenso país asiático.
En la introducción de su mensaje, Wen dice que un gobierno tiene que dejar de lado la hipocresía cuando se toca estos temas. Su primera recomendación es aplicar la pena de muerte a los criminales y a los políticos que se precipitan a las redes de la corrupción.
En Bolivia no existe la pena de muerte, su equivalente es la reclusión carcelaria hasta el tope de 30 años. Toca, entonces, a la justicia ordinaria actuar con rigor contra quienes cometen aquellos delitos. Deplorablemente, hay que reconocer que la justicia nacional no goza del crédito que debería tener, y ahora se halla en colapso.
De todas maneras, es bueno acoger la recomendación de que se aplique severos castigos a los delincuentes y a los corruptos. El ex primer ministro chino señala que esto se reflejará de inmediato en la seguridad pública de los países, lo cual influirá positivamente en la cultura y el comportamiento de las personas.
La tercera recomendación es muy significativa. Plantea que debe quintuplicarse la inversión en el sector educativo, porque “un país que quiere crecer debe tener los mejores profesionales del mundo”.
La contraparte es que “el país se quedará estancado… si no se capacita efectivamente (a la juventud), perderá la competitividad en el mercado de trabajo… con el tiempo será normal que importe mano de obra calificada, cuando empiece a crecer aceleradamente”.
La cuarta recomendación destaca que China y otros países desarrollados, como Estados Unidos, han demostrado que su crecimiento no requiere perseguir ni sustituir al sector empresarial. “Por el contrario, el Estado tiene que ser aliado y no un enemigo de los negocios… La carga fiscal en nuestros países es exagerada, confiscatoria, injusta y desordenada… si no hay un cambio drástico, las empresas no podrán competir en los mercados internacionales y el mercado interno también se estancará”.
El ex jefe del gobierno chino advierte, en la quinta recomendación, que “nuestros países tienen la política más cara del mundo… Es necesario que el político entienda que es un funcionario público… y no un rey. Propugna la aplicación de un tope salarial… y, a partir de ahí regirse, por los aumentos en el sueldo mínimo”.
En apoyo de este planteamiento, refiere que “un diputado en China cuesta menos del 10% de lo que cuesta en Brasil… En los países escandinavos es común ver al Primer Ministro llegar a su trabajo conduciendo una bicicleta de las más sencillas y económicas del mercado, como lo hacen los estudiantes”.
La desburocratización inmediata del aparato estatal propone la sexta recomendación. A tiempo de señalar que China actualmente es el mayor exportador de bienes manufacturados en el mundo, superando incluso a EEUU, dice que constata que los países emergentes son los más burócratas, tanto en las importaciones como en las exportaciones.
“Afloran las barreras, trabas y requisitos innecesarios y repetitivos, que a menudo impiden, dificultan y encarecen las operaciones comerciales, lo que termina en detener o frenar el desarrollo de las empresas… su repercusión es negativa para el desarrollo de las empresas y del país… Este es un asunto muy urgente de resolver”.
La séptima recomendación es que la inversión pública sea más eficiente, aparte de que es necesario que se dirija preferentemente a la infraestructura, educación, cultura y prácticamente a todas las áreas relacionadas con el desarrollo social y económico, sin ceder paso a la incompetencia y a la corrupción.
Otro apunte destacable es el contenido de la octava recomendación. “La gran masa del pueblo de los países emergentes -dice- ya no cree en el gobierno, ni en su política; no respeta a las instituciones, no cree en sus leyes, ni en su propia cultura… se acostumbró al desorden gubernamental y pasaron a ser, como normales, las noticias sobre corrupción, violencia, deterioro de los servicios públicos y otros”.
Concluye que se justifica invertir en la correcta formación cultural del pueblo, empezando por la educación para el trabajo y la búsqueda de la excelencia en un mundo globalizado.
“El país más grande y poderoso de América Latina, como es Brasil, proporcionalmente invierte menos del 8% que China en ciencia y tecnología”, expresa la novena recomendación. Agrega que esta es una realidad en los demás países emergente. Insta a que se la revise de inmediato, porque influye directamente en el desarrollo de cada nación.
Por último, la décima recomendación es favorable a que se reduzca a los 16 años la edad laboral y penal. “Nuestros países -indica- son unos de los pocos que todavía tienen una cultura de tratar a los adolescentes de 15 a 18 años como a niños”.
Estima que este es un error que afecta a la sociedad, porque “sólo sirve para crear peligrosos delincuentes que, al cumplir 18 años, están formados para el delito”. En China, los jóvenes tienen permiso del gobierno para trabajar normalmente, no sólo como aprendices, a partir de los 15 años, siempre que sigan estudiando y, además, respondan por delitos penales que pudieran cometer como cualquier adulto mayor de 18 años.
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