Soberanía energética del País: realidad o ficción

Para que YPFB se convierta en una empresa petrolera estatal líder en el sector energético del país, debe fortalecer su estrategia técnico administrativa, orientada a cumplir sus múltiples actividades, principalmente en la búsqueda intensiva de nuevos campos petroleros de gas y petróleo, para atender la creciente demanda de combustibles de mercados interno y externo.

Nacionalización

La nacionalización de los hidrocarburos por Decreto Supremo No. 28.701 “Héroes del Chaco” (1-5-2006) concuerda con la Constitución Política del Estado que expresa: “Los hidrocarburos son de dominio directo inalienable e imprescriptible del Estado”. En la práctica la mencionada nacionalización no ha significado un cambio estructural que permita a YPFB controlar y dirigir la dinámica productiva según las características señaladas por la ley; se concretó sólo a la adecuación de los nuevos contratos petroleros a la ley y al cambio del régimen tributario (Ley No. 3.058): 50% para el Estado (impuestos y regalías) y 50% destinado a reembolsar a las empresas petroleras por “costos recuperables”, distribución de utilidades, etc.

Por lo demás: el gobierno plurinacional dio prioridad a la continuidad de la política energética neoliberal exportadora de materias primas.

Por lo visto, el decreto nacionalizador no afectó el dominio de las petroleras transnacionales en la explotación de nuestros hidrocarburos, por ejemplo Petrobras actualmente disfruta en exclusividad de enormes ganancias como producto de la explotación de los campos petroleros más antiguos y más relevantes, con mayor cantidad de reservas de gas y petróleo. Nos referimos a los campos petroleros San Alberto, San Antonio, Itaú, Margarita, Madrejones, etc., siendo el más destacable por su antigüedad y por ser el más productivo del país, el campo petrolero San Alberto, descubierto en 1966, cuyos costos de producción son bajísimos e incomparables. Además Bolivia continúa regalando millones de dólares al Brasil por los licuables contenidos en el gas rico exportado.

De este atentado económico contra el país, ¿quién nos podrá defender?

Industrialización

Expertos e instituciones afines al sector energético han manifestado a través de la prensa nacional que la industrialización del gas es factible, por ser la mejor opción para sacar a Bolivia de la nociva dependencia monoproductora de materias primas y lograr múltiples beneficios de orden económico y social para el pueblo boliviano: mejores condiciones de vida, fuentes de empleo, mayores ingresos para el Tesoro General, etc.

Realidad o ficción

Durante la inauguración de la planta separadora de líquidos del gas de Río Grande (5,7 MMmcd), el gobierno plurinacional manifestó que “Es un hecho histórico que marca el inicio de la industrialización del gas en Bolivia”. Por su parte el ejecutivo de YPFB dijo: “Hoy después de 188 años de la fundación del país empieza la industrialización de los hidrocarburos”. Ambas versiones fueron una ficción que ruborizó a la ciudadanía consciente del país; los ejecutivos se olvidaron de los preceptos de la Constitución Política del Estado y de otras disposiciones de orden técnico como: “El gas en sus diferentes componentes físicos No químicos no son proyectos de industrialización, esto es lo que sucede con la planta de Río Grande, la cual se presentó incorrectamente como la primera planta de industrialización”, más claro agua.

Al concluir, de materializarse la nacionalización e industrialización de los hidrocarburos en los términos que señala la ley y el mandato del soberano de octubre de 2003, con seguridad se vislumbrará para el pueblo boliviano la ansiada y mentada soberanía energética del país.