Las principales autoridades del Estado, sean del Ejecutivo o del Legislativo, se han pronunciado con enérgicos y contundentes conceptos acerca del fracaso del Órgano Judicial que se encuentra en funcionamiento en el país. Ni qué decir de la crítica de la opinión pública que se ha visto afectada por gravísimos daños en todos los niveles.
Esa crisis de enormes proporciones del Poder Judicial no sólo ha sido objeto de comentarios adversos de parte de los funcionarios de otros órganos del Estado, sino también de organismos internacionales hasta los cuales llegó el malestar creado durante los últimos años. En efecto, inclusive el vicepresidente Álvaro García Linera ha manifestado que la justicia se encuentra “en estado de coma” y ahora el candidato presidencial Evo Morales ha expresado que, en caso de ser reelecto, tendrá como principal misión resolver la crisis judicial.
El colapso de la justicia en el país adquiere mayor resonancia a partir del momento en que se anunció que sería objeto de “profundas” reformas y, en particular a partir del día en que los magistrados fueron elegidos por un procedimiento sui generis (oportunamente criticado como un experimento destinado al fracaso), procedimiento que inclusive ahora es reconocido como uno de los culpables de la dramática situación que se padece el Estado en general.
La ofensiva crítica contra la justicia no ha podido ser frenada y se han producido nuevos comentarios que revelan que ese organismo del Estado sigue cayendo en el vacío. Al respecto, nada menos que el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia apoyaba la propuesta de realizar un referéndum revocatorio para las autoridades judiciales, opinión que fue complementada por la de otros magistrados.
En todo caso, a tiempo de producirse denuncias tan agudas, se ha empezado a ver las causas del magno problema y el Presidente del Tribunal señaló que “lo único que cambiaron los legisladores en el ámbito judicial es la forma de elección de los magistrados”. Echó la culpa de la crisis judicial al Órgano Legislativo. Esa autoridad agregó que “los parlamentarios no cumplieron con la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 024, que determina un proceso de transición máximo de dos años, tiempo tras el cual deberían estar modificados los distintos códigos” y, sin embargo, transcurrieron cuatro años de la promulgación de dicha ley y los códigos siguen siendo los mismos.
Esa autoridad también criticó al Legislativo porque pese a que está cumpliendo su trabajo, lo hace con las normas antiguas, pues no hay otras, debido a la omisión de los legisladores, revelando, en esa forma, que no es sólo el Órgano Judicial el que atraviesa por una situación crítica, sino también se encuentra en ese estado el Órgano Legislativo, mientras el Órgano Ejecutivo no deja de tener responsabilidad en el colapso judicial, lo cual en conjunto revela que todo el aparato del Estado atraviesa por momentos delicados que la opinión pública no puede ver en toda su magnitud, debido a la distracción que produce la campaña electoral que protagoniza el país.
Finalmente, la referencia más objetiva que pueda servir de base para explicar este estado de los órganos estatales se la puede encontrar en la lectura del Título III de la Constitución con sus 34 artículos (del 178 al 212), en cuyo contenido se puede constatar las causas que determinaron el actual orden de cosas.
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