Diversos experimentos de supuesta orientación “socialista” que puso en ejecución el Gobierno actual han terminado, en su mayoría, en notables fracasos que son evaluados por la opinión pública, pero principalmente por las altas autoridades que los propusieron y pusieron en aplicación.
Se puede citar, entre otros, los fracasos de la leyes contra la corrupción y la discriminación, la campaña contra la inseguridad ciudadana, la lucha para alcanzar la seguridad alimentaria, la represión contra el narcotráfico, la lucha contra la violencia hacia las mujeres y los niños, los esfuerzos para desconocer la ley de la oferta y demanda, etc.
Empero, el caso más patético de ese rosario de fiascos de esas medidas “revolucionarias” -según palabras de las mismas autoridades gobernantes-, es el referido al colapso del Órgano Judicial, acerca del cual el mismo presidente Evo Morales denunció, en visible estado de indignación, en un Seminario internacional de juristas realizado en Tiquipaya (capital del populismo), que el aparato judicial ”ha retrocedido”, “que demanda una profunda revolución” y que enfrenta, nada menos, el riesgo de ¡“ser destruido por una rebelión popular”!
En forma concreta, el Presidente del Estado también expresó su molestia en contra de los magistrados afirmando que “las irregularidades e ilegalidades judiciales” que se comete a diario sólo sirven “para enriquecer a los abogados, fiscales, jueces y para encarcelar a gente pobre e inocente”.
Las denuncias contra el Órgano Judicial no han dejado de producirse por otros altos funcionarios del Estado, como el vicepresidente Álvaro García, o el ex ministro de Gobierno, Carlos Romero, quienes se pronunciaron en términos lapidarios contra el aparato judicial, proponiendo, además, soluciones radicales en caso de que jueces, fiscales y otros empleados no corrijan su inconducta, omisión que les llevaría a ser sentados en el banquillo de los acusados y condenados a prisión carcelaria.
Es preciso anotar que algunos medios de comunicación hicieron comentarios en torno al irregular funcionamiento de la Justicia, pero esas opiniones quedaron cortas frente a las acerbas críticas de los gobernantes, cuyos conceptos superaron todas las opiniones de prensa.
El caso más destacable de las críticas al Órgano Judicial tuvo la mayor manifestación de energía en el Seminario de Tiquipaya, durante el cual el presidente Morales criticó (ante asombrados expertos y magistrados nacionales y extranjeros), a la Justicia Ordinaria y sus operadores elegidos por voto popular, pues antes de las elecciones todos ellos prometieron mejorar la justicia, pero, por el contrario, la justicia ¡“ha retrocedido”! y esa anormalidad podría provocar una insurrección popular.
También el Presidente amonestó a la “justicia comunitaria” y recordó sus antiguos “beneficios”; mostró que ahora algunos dirigentes campesinos e indígenas la desprestigian y cometen errores y delitos imperdonables, apreciaciones que también confirman las críticas que fueron señaladas hace tiempo por juristas e historiadores.
Finalmente, el presidente Morales sugirió “una revolución en la justicia”, esperando resultados a corto plazo, objetivo digno de esperar, siempre que la medicina no resulte peor que la enfermedad… como en otros casos.
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