Falta de capacidad e idoneidad frena cambio en justicia

La falta de “capacidad e idoneidad” en algunos Magistrados del Órgano Judicial está impidiendo los avances en la aplicación efectiva de los cambios que deberían reflejarse en reducir la retardación de justicia y subsanar el descrédito que tiene la población respecto a su administración, tanto en lo que refiere la Justicia Ordinaria como en la Justicia Indígena Originaria Campesina, así lo hizo conocer, en un contacto telefónico, el experto en Derecho Constitucional, Milton Mendoza.

“Los responsables de la retardación de justicia son los Magistrados, porque ellos tienen la autoridad, son del Poder Judicial por tanto pueden implementar métodos que erradiquen la retardación de justicia. No lo han hecho y por tanto son enteramente responsables”, dijo al sostener que si bien la retardación existió antes y no es un fenómeno de ahora, las soluciones son viejas.

“Lo que pasa es que no tienen la suficiente capacidad para ver que las soluciones están a sus narices, es simplemente dedicarse para resolver los cambios en la retardación”, sostuvo.

En ese mismo ámbito dijo que no se puede descalificar a la Justicia Indígena Originaria Campesina cuando no se tiene un parámetro de su aplicación.

“El Tribunal Constitucional no ha cumplido con el mandato constitucional porque todavía está virgen el tema de la Justicia Indígena Originaria Campesina, están en sus pueblos en sus usos y costumbres, están ahí, no hay un pronunciamiento constitucional o marco de forjar el derecho boliviano y establecer el derecho consuetudinario y el derecho ordinario que es el derecho de la Justicia Indígena Originaria Campesina”, sostuvo.

En cuanto a qué se precisa para que la justicia cambie Mendoza dijo que es el Tribunal Constitucional, dentro sus facultades, establecer el marco de autonomía de los pueblos originarios Campesinos, “no lo ha hecho hay ausencia”, en esos parámetros de autonomía dijo que deben fijar lo que se está estudiando porque no todos los pueblos tienen el mismo parámetros de justicia, “otros están muy ligados a la justicia convencional”.

En segundo lugar tiene la posibilidad de resolver los conflictos de competencia porque la Justicia Indígena Originaria Campesina hay conflicto con la Justicia Ordinaria, que generalmente sucede.

Y, en tercer lugar establecer las consultas que se puedan hacer, por ejemplo, hacer la consulta de que, “si se aplica esta o la otra justicia”, se emitan las consultas y es el Tribunal que debe escuchar esos temas para forjar el derecho consuetudinario y no se lo hizo, afirmó.

“Hay consultas y hay pedidos de los estatutos y hay conflictos de competencia y el Tribunal, primero que no ha emitido su fallo y en segundo lugar los fallos que ha emitido son totalmente descalificados, no tienen el mérito o bagaje que debían tener, son más sentencias de trámites constitucional cuando deberían forjar el nuevo derecho, ahí se aplica la ciencia. Tiene que haber un desarrollo lógico para forjar el nuevo derecho boliviano”, afirmó.

RESOLUCIÓN DE TIQUIPAYA

Al respecto la Fiscalía General del Estado advierte que el actual sistema de justicia penal ha derivado en un descrédito en la aplicación de justicia indígena y originaria, además que paralelamente hay una evidente retardación de justicia en el país.

En la denominada Declaración de Tiquipaya, las Fiscalías de Distrito junto a la General admiten que urge encarar un cambio de actitud y liderar la construcción de un sistema de justicia penal acorde con la nueva Constitución Política del Estado.

El documento hace referencia a la otra justicia, la cual tiene una serie de objeciones de los actores del poder judicial y las propias organizaciones indígenas que sienten que no se las toma en cuenta en el momento de su aplicación.

“La actual configuración del sistema de justicia penal vigente en Bolivia, no ha contribuido a facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la justicia penal, provocando altos índices de retardación, vulneración de derechos y garantías,  el desconocimiento y descrédito de la justicia indígena, originaria campesina, pervivencia de taras heredadas desde la colonia que privilegiaron siempre el expediente por sobre el fin último del proceso”, indica el manifiesto.