El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner quema sus últimos cartuchos en un intento de evitar que le estalle "mañana- la bomba de una nueva cesación de pagos. La Administración "K" necesita alcanzar un acuerdo, antes de ese día, con los fondos de inversión ("buitres") que reclaman el pago completo de sus bonos "unos 1.500 millones de dólares con intereses-, avalados por una sentencia de la justicia de Nueva York, por la que se rigen esos papeles con garantía del Estado.
Una delegación del Ministerio de Economía viajó ayer a Nueva York para, contra reloj, tratar de acercar posiciones. Hasta la fecha el Gobierno argentino ha declinado las ofertas de los acreedores que le permitirían evitar caer en "default" (cesación de pagos) por incumplir el fallo dictado -en el 2012- por el juez Thomas Griesa y de obligado cumplimiento desde hace un mes.
El juez Griesa mantiene bloqueado un vencimiento "de más de quinientos millones de dólares- a otros acreedores que aceptaron reestructurar su deuda en 2005 y 2010. El magistrado podría embargar ese dinero para hacer frente a las obligaciones establecidas en su sentencia si no hay acuerdo, publicó ABC.es
Ese pago, de no concretarse y no llegar a sus destinatarios nominales mañana como fecha límite, es el que determinará que Argentina se quede fuera, en términos absolutos, del sistema financiero internacional (incluidos sus recientes acuerdos con China). Argentina argumenta que no puede afrontar ese desembolso porque de hacerlo los acreedores que reestructuraron su deuda (algunos con pérdidas de hasta el 65 por ciento) podrían reclamar el mismo trato que los “buitres” apelando a la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) que vence el último día del año.