De la Nacionalización a la Reforma Energética

Que los candidatos presidenciales se comprometan a dar prioridad a una reforma energética. Un pacto multi-partidario y social para diseñar y construir de inmediato una Nueva política energética (NPE) de largo plazo que traspase el término del período constitucional de 5 años.

Se deja a consideración de los candidatos presidenciales un “Decálogo mínimo” de lo que significaría esa reforma:

1.- Debatir y elaborar en el Parlamento una Ley de Hidrocarburos: que sea moderna, global, y que permita el acceso de capitales privados bolivianos e internacionales a toda la cadena de hidrocarburos.

2.- Estructurar una Ley de Electricidad: para motivar la inversión en electricidad (termoeléctricas/hidroeléctricas) con énfasis en hidroeléctricas, de manera de “liberar” volúmenes de gas de termoeléctricas para destinarlos a agregación de valor.

3.- Autorizar la utilización/administración de las RIN (reservas internacionales netas) hasta el 45% (de los 14.000 millones de USD) de manera que el Estado sea socio en PPP (public private projects) de proyectos de industrialización. Muchos estados del mundo comprometen dinero en proyectos energéticos.

4.- Arrancar la industrialización a escala siguiendo una planificación estratégica y de acuerdo con requerimiento de mercados demandantes de productos derivados del gas natural (por ejemplo, énfasis en diésel a partir del gas, productos plásticos, urea y otros). Que sea el quinquenio de la agregación de valor, re-lanzamiento del complejo gas-químico, LNG, DME y otros productos de nueva tecnología de industrialización del metano y para mercados externos.

5.- Fortalecer el rol del Ministerio y de YPFB: el Ministro de Hidrocarburos debe ser al mismo tiempo presidente de YPFB para que tenga el mando y capacidad política-institucional única para ser cabeza de sector. Ahora parece que 2 cabezas dirigen el sector.

6.- Crear y consolidar una Agencia Reguladora de Energía, como en Colombia y México, que esté a cargo de regular y fiscalizar las operaciones petroleras, gasíferas y de toda la cadena de hidrocarburos, con competencias alejadas de los mandos político-partidarios.

7.- Abrir el sector a capitales externos: permitir que en operaciones de escala de exploración, producción e industrialización participen compañías multinacionales conjuntamente con el Estado boliviano en condiciones de libre mercado, de manera de destrabar a Bolivia y consentir desarrollar esa gigantesca reserva gasífera que tenemos y reducir al mínimo la pobreza que aún continúa.

8.- Auditar el dinero utilizado por ingreso del gas desde 2006 hasta la fecha, tomando en cuenta todo el government take que administró el Estado boliviano (nacional, departamental, municipal). ¿Qué se hizo con tanto dinero? ¿Quién lo administró? ¿Hubo impacto directo para reducción de la pobreza?

9.- Incentivar exploración a escala en todo el territorio nacional, cabalmente con la previa atracción de capitales, pero asegurando certidumbres y certezas.

10.- Mejorar condiciones de producción de gas y petróleo, modernizando la industria, tecnología y recursos humanos. Naturalmente, ordenar inmediatamente una nueva certificación de reservas.

Los resultados a lograrse en el quinquenio: crecimiento de la economía boliviana, posibilitar condiciones de competitividad para atracción de capitales en upstream/downstream, generación de cientos de miles de nuevos emprendimientos, tanto en el sector energético, como en el resto de la economía. Empresas, especialmente las pequeñas y medianas, tendrán más energía y a menor precio; serán más rentables, podrán crecer y contratar a más personas.

Estas reformas lograrán nuevas bases para el desarrollo económico.

El Parlamento y el nuevo Presidente deben tener muy en cuenta el contrato de venta de gas a Brasil que concluye en 2019. Se debe ajustar volúmenes, precios, proyectos compartidos y visiones de largo plazo.

Otra tarea pendiente es el mercado interno: ante déficit y falta de gas/combustibles/electricidad que impiden crecimiento de la industria.

Cambio de paradigma: que Bolivia no se atenga únicamente a la “renta” hidrocarburífera, sino siente las bases para generar “venta” de productos vía negocios en industrialización y así lograr “rentabilidad”.

El autor es consultor del sector privado.

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