Las islas nos pertenecen

El objetivo de este artículo no es otro que sumarse y corroborar un informe publicado por EL DIARIO (13-4-2014), basado en informes y pesquisas de investigadores profesionales compatriotas, sobre la legalidad y tuición aún vigente de nuestro país sobre seis islas mayores y una cantidad indeterminada de islotes en los paralelos 23 y 24 del océano Pacífico.

El informe señalado está fundado, entre otros testimonios históricos fehacientes, en un documento que data de 1851, que establece que el departamento del Litoral tuvo tuición y amplia soberanía sobre regiones marítimas que no han sido cedidas a Chile bajo ningún acuerdo. Establece que Bolivia nació con derechos -en vigor hasta el presente- sobre las islas señaladas en nuestro arrebatado Litoral, que no fueron incluidas además en el ignominioso Tratado de 1904 y que hoy deberían estar incluidas en el escudo nacional.

El documento de 1851 corrobora que el departamento del Litoral tuvo soberanía sobre esos predios marítimos, como: Lagartos, Paquisa, Angamos, Santa María, Guanosa y Sorjillo -en la región costera- y otras menores señaladas como guaneras con el nombre de Nampa, Oreja de mar, Mamiña y Paquica (en la línea tropical de Angamos), conforme al texto “Bosquejo Estadístico de Bolivia”, del autor José María Dalence (1851), quien según el análisis aportó con los primeros estudios a la descripción del nuevo territorio de la República de Bolivia, nacida tras la independencia el 6 de agosto de 1825. Lo anterior es al margen de investigaciones paralelas, asimismo, sobre las islas San Antonio, San Félix y Sala Gómez.

Pero concluyentemente damos a conocer una ligera descripción didáctica de algunos de los mencionados dominios, a fin de contar en principio con una referencia básica histórica, cuyo conocimiento -que debería estar incluido en nuestros programas pedagógicos- es una obligación ciudadana. Las islas que no se encuentran contenidas ni referidas en el “Pacto de tregua de 1884”, ni en el tratado leonino de ¿paz y amistad? de 1904, son:

Islas Mayores, de norte a sur: Isla Santa María (Antofagasta) faja territorial a 11 Km. de la costa con 6,5 Km. de ancho, conforma dos bahías al NE y al SE, con una superficie de 35 Km. (con actual proyecto de construcción de muelles y aeródromo), con 2.200 habitantes. Isla Angamos (Mejillones-Antofagasta) a 15 Km. de la costa con 447,7 Km. de superficie; es la isla habitada de mayor antigüedad. Isla Paquisa, es un paso en la región de Tarapacá, una ruptura en una cadena de montañas. Isla San Ambrosio, a 900 Km. de la costa, al oeste de la III región, a la que actualmente se encuentra adscrita; es una isla volcánica con 2,2 Km. en la región de Valparaíso. Isla Sala Gómez, a 3.400 Km. de la costa, adscrita a la III región; es una isla deshabitada en el oeste del Pacífico suroriental, forma parte de una zona marítima protegida. Isla Guanosa (Antofagasta), clasificada como orográfica a 30 Km. de la costa. Isla Lagarto (Antofagasta) a 30 Km. de la costa, con actual aeropuerto junto al monumento natural La Portada.

Recordemos que la creación de la República de Bolivia se consolidó de acuerdo con la doctrina continental del Uti Possidettis Iure de 1810, con base en la Audiencia de Charcas; hasta el desierto de Atacama y las costas del Pacífico, con dominio absoluto sobre el archipiélago de islas adyacentes entre el río Loa y el Paposo.

En consecuencia, la posesión legal de las islas actualmente detentadas por Chile debería ser sometida en forma perentoria al recurso de arbitraje por parte de nuestro Gobierno ante el Tribunal Internacional de Arbitraje de La Haya o en principio al Tratado de soluciones pacíficas del Pacto de Bogotá, que contiene asimismo en su letra del Cap. V el procedimiento de arbitraje, que conforme los principios generales del derecho internacional moderno imponen la regla “Pacta sunt Servanda”, de respeto al derecho primigenio adquirido. Esta vez nuestro mañoso oponente chileno no podrá recurrir, en ningún sentido ni ante algún tribunal, al torpe recurso de aducir la falta de competencia.

El autor es abogado.