Ejército brasileño continuará en favelas usurpadas al narcotráfico

Río de Janeiro.- El Gobierno brasileño autorizó ayer la permanencia del Ejército por tiempo indefinido en el Complexo da Maré, un conjunto de favelas en la ciudad de Río de Janeiro en el que viven 130.000 personas y cuyo control fue arrebatado a bandas de narcotraficantes en una operación de ocupación en abril pasado.

La decisión para que 2.400 militares permanezcan en las barriadas pobres para ayudar a garantizar su seguridad fue anunciada ayer tras una reunión entre los ministros de Defensa, Celso Amorim, y de Justicia, José Eduardo Cardozo, y el gobernador del estado de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezao, informó Efe.

Inicialmente, los miembros de las Fuerzas Armadas, que ayudaron a ocupar las barriadas y a expulsar a los narcotraficantes, iban a permanecer en las favelas hasta el 31 de agosto, cuando serían sustituidos por agentes de policía.

Pero como los uniformados que los sustituirán aún no han terminado su formación, el Gobierno optó por autorizar la permanencia de los soldados en un número aún no definido y por el tiempo que sea necesario.

“La operación (de expulsión de narcotraficantes) fue un éxito y por eso decidimos prorrogar la permanencia del Ejército”, explicó el Ministro de Justicia, quien adelantó que en una nueva reunión fijada para el 11 de agosto será discutido el cronograma de transición de las responsabilidades de seguridad en el Complexo da Maré del Ejército a la Policía.

El Complexo da Maré, localizado en un lugar estratégico de Río de Janeiro, atravesado por tres importantes avenidas y a pocos kilómetros del aeropuerto internacional, fue ocupado por las autoridades dos meses antes del inicio del Mundial de Fútbol Brasil 2014.

Los militares tan sólo saldrán de las barriadas cuando el Gobierno regional de Río de Janeiro instale en el conjunto de barriadas una Unidad de Policía Pacificadora (UPP), como son conocidos los cuarteles policiales permanentes que la gobernación ha abierto en favelas antes dominadas por bandas de narcotraficantes.

La instalación de las UPP, reforzada con inversiones en infraestructura, educación y salud, forma parte de una política de seguridad pública iniciada por el Gobierno de Río de Janeiro en 2008 para expulsar a los narcotraficantes de las favelas de la ciudad antes de los Juegos Olímpicos que la ciudad organizará en 2016.