Fiscalía autoriza la demolición de construcciones clandestinas

Oruro, (EL DIARIO).- El Ministerio público autorizó al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) la demolición de las construcciones clandestinas que están surgiendo en diferentes lugares de la ciudad, pero en forma particular en la zona de los arenales de Cochiraya.

La zona de arenales, por ejemplo, fue precintada por los funcionarios de la Fiscalía de Oruro, para preservar el área considerada como área fiscal, dependiente del Estado y que no pueden existir construcciones clandestinas, de parte de los avasalladores que han empezado a edificar viviendas.

Aparte del precintado, se entregaron también notificaciones a los supuestos dueños de las casas construidas, para que se proceda a la demolición de esas viviendas, después de declararlas como clandestinas.

Según el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria, regional Oruro, Julio Cepeda, en la zona existen 4.600 hectáreas de terreno que pertenecen al Estado, de acuerdo a la resolución suprema de 1966, pero desde hace dos años, se ha visto la proliferación de construcciones clandestinas.

Dijo que los bienes del Estado “no pueden ser negociados por nadie y, por esa situación, se procedió al precintado, además que los supuestos dueños no tienen ni siquiera una planimetría aprobada ni orden de construcción y menos línea y nivel”.

En este caso, dijo que la Alcaldía debe proceder a la demolición de las construcciones clandestinas.

El director de asuntos jurídicos de la Alcaldía, Edgar Blass, dijo que no se permitirá más avasallamientos en este sector, motivo por el cual se pidió la intervención del Ministerio Público, para evitar nuevos casos de avasallamientos en la ciudad.

Expresó que para evitar ilegalidades, se efectuará el proceso inmediato de demolición de las construcciones clandestinas, a fin de preservar los terrenos que son de propiedad del Estado.

Los vecinos, que construyeron sus viviendas en el sector, explicaron que efectuaron la ocupación de los terrenos, por necesidad, porque son de escasos recursos económicos. Sin embargo, algunos denunciaron que los 200 metros cuadrados les han vendido algunos dirigentes sindicales de los campesinos, aduciendo que son terrenos del Estado y que nadie les podrá desalojar del lugar.

“Estamos dispuestos a pagar a la Alcaldía, el precio que nos digan para no abandonar el lugar”, dijo uno de ellos.