COB observa artículos 43 y 47 de la vigente Ley de Empresas

Por lo menos dos artículos de la Ley de Empresas Públicas fueron observados por la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB). Los artículos son el 43 y 47 de ese cuerpo legal, referidos a la incompatibilidad para asumir un cargo y al régimen laboral. La organización gremial pide participación en la reglamentación para velar por los intereses de los trabajadores de las empresas públicas y mixtas.

“Tenemos serias observaciones a los artículos 43 y 47 donde indican que somos dependientes de un trabajo. Esto es ambiguo”, afirmó el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Trujillo.

INCOMPATIBILIDADES

El artículo 43 de la Ley 466 de Empresas Públicas habla acerca de las “incompatibilidades” para asumir el cargo de secretario ejecutivo, presidente o gerente de una empresa pública o mixta. Entre las incompatibilidades están: conflicto de interés, relación de parentesco, haber tenido relación comercial con la empresa, entre otros.

Mientras el artículo 47 hace referencia “Régimen Laboral” de las empresas públicas, que se sujeta a la Ley General del Trabajo, a los lineamientos establecidos para el efecto y leyes especiales que las rigen. Las empresas públicas elaborarán su reglamento interno de administración de recursos humanos debiendo considerar su dinámica empresarial. En el caso de corporaciones, la empresa corporativa tendrá a su cargo la estandarización de los procedimientos de administración de recursos humanos que serán aplicados por las empresas filiales y subsidiarias, señala.

REGLAMENTACIÓN

Para una mayor comprensión del contenido de la Ley, los dirigentes sindicales asisten a talleres e exigirán participar en la reglamentación. Una vez que estén al tanto de la ley elaborarán un documento con las observaciones que correspondan y remitirlas al Gobierno.

La Ley de la Empresa Pública fue promulgada el 26 de diciembre de 2013. Inmediatamente el sector industrial privado se pronunció bajo el argumento de que esta ley otorga “vía libre” para que las empresas públicas realicen actividades en sectores estratégicos y no estratégicos de la economía que generan una competencia asimétrica para las empresas privadas formalmente establecidas y competitivas en cada rubro.