Un saludo a la bandera…

Como van las campañas y con el pobre contenido programático de las propuestas electorales de la oposición, parece nomás que las elecciones de octubre serán un saludo a la bandera. Es decir, que nuestra presencia en las urnas el 12 de octubre servirá solamente para darle visos de legalidad a la re reelección presidencial. Porque por angas o mangas, a las que se suma una más que evidente parcialidad (complicidad, sería más apropiado) del Tribunal Electoral, todo lleva a dar por descontado el triunfo de los candidatos del oficialismo.

Así las cosas, el único tema en cuestión es cuánto le faltará a la candidatura oficialista para la toma total del poder político en su perspectiva de perpetuidad. Y la posibilidad no sólo de alcanzar sino de superar los dos tercios que le allanen el camino sólo depende, por paradójico que parezca, de su propia capacidad o incapacidad de actuar con un mínimo de sentido común y ética. El tema es que ese mínimo anda escaso a contrapelo de los niveles máximos de soberbia y prepotencia, por lo que se ve en estos tiempos de promesas electorales. Desde el accionar oficial, todo sigue como antes. Y probablemente como seguirá después, aunque para pedirle el voto a la gente todos se dicen respetuosos de la ley y de los derechos ajenos, aunque no sea nada más que para guardar apariencias.

En la praxis política doméstica (en realidad, en la de todos los países), es cierto que si el poder corrompe, el poder total corrompe totalmente. Sobre todo si se antepone intereses y objetivos personales a principios y valores. Por ejemplo, el saco roto en que caen las tantas denuncias de corrupción y malos manejos. Su mal olor lo percibe la gente, por mucho que se lo pretenda disimular ignorándolo o culpando a “ataques políticos”. Y la repugnancia no tiene colores políticos ni preferencias sociales. Cuando nadie le pone el cascabel al gato tras las denuncias reiteradas de corrupción, negociados y enriquecimiento ilícito en los niveles más altos de la administración pública, el cansancio de la gente termina por hacer justicia. Casi siempre. Y se cobran facturas. Pero en estos tiempos... ¿a quién importa la historia?

Bajo las actuales circunstancias, los mecanismos naturales del Estado, como el Poder Judicial, aparecen totalmente incapacitados para cumplir esa tarea. El “maravilloso instrumento del poder” lo impide. Incluso desde ahora, cuando el control legislativo no es absoluto. El peso del rodillo oficialista en diputados, por ejemplo, suspendió en forma “definitiva” a dos magistradas del Tribunal Constitucional elegidas por voto popular en la tan cacareada primera elección de jueces. Y sobre ellas pesa ya la amenaza de “sentencia fuerte” en el senado para “sentar un precedente”. En esa perspectiva, al margen de si es justa o no la medida punitiva, ¿quién se animará en el futuro a discrepar con la voz y la voluntad del mando político? Una mayoría absoluta de “levanta manos” sin libertad de pensar estará siempre dispuesta a allanarle el camino, por tortuoso que sea, porque al final de cuentas vivirá también bajo el riesgo de correr la misma suerte.

El problema es que la conducta de prepotencia y abuso de poder, por muy bajo que sea el nivel desde el que se lo ejerce, es nomás consecuencia de taras en la conducta humana. En el “día de las Fuerzas Armadas”, ahí está por ejemplo el caso de las torturas a un conscripto en la base aérea de El Alto para obligarlo a confesar el robo de algo que no robó. Lo ocurrido ratifica lo más estúpido de la disciplina castrense. Los “superiores” sargentos y oficiales flagelaron al soldado para obligarlo a reconocer un delito que no cometió. No se necesita ser entendido para comprender que un hombre es capaz de soportar todo lo que soportó ese muchacho sólo por cuestión de principios. Hay que ser imbécil para no entender que soportó el tormento sólo para que no se lo crea ladrón. Ese es el significado práctico de valor.

Las cosas son así en la institución tutelar de la Patria, donde se confunde autoridad con poder y donde esa autoridad proviene de un régimen de disciplina jerárquica en la que basta un día de antigüedad mayor para detentarla. Es una forma estúpida de darle autoridad a alguien, sin tomar en cuenta que una de las características del animal humano es su tendencia a imponer la fuerza a la razón.

Por ese sencillo motivo, la racionalidad enseña que en la administración del Poder en democracia se deben preservar los mecanismos de equilibrio, control y fiscalización de derechos y obligaciones. Esos sí, no se puede ni se debe considerar sólo como un saludo a la bandera. Porque los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos de otros. Uno de esos mecanismos básicos es la independencia de poderes dentro del Estado como garantía de control recíproco en el cumplimiento de sus específicas funciones y atribuciones.

Es en esa perspectiva que se debe entender la importancia del voto de octubre. Por encima de consignas partidarias, siempre coyunturales, se debe preservar el derecho al disenso y el respeto a la opinión de las minorías. Esa defensa depende, en gran medida, de un adecuado equilibrio en la composición de las fuerzas colegiadas de los poderes encargados de fiscalizar la acción del gobierno central.

Pero como en la lucha política las mayorías pretenden ser cada vez más poderosas, sin que importen los costos, les corresponde a las minorías trabajar de manera consciente, en la medida de sus posibilidades reales, construir contrapesos que sean mínimamente eficaces.