¿Protección y seguridad ciudadana?, dudas razonables

Día que pasa, la información pública parece más confusa y poco trasparente. Con inusitada frecuencia los temas de fondo terminan eclipsados por la estridencia de las formas y la saturación de la cartelera informativa. Este extremo se ilustra en dos eventos de reciente y simultánea ocurrencia. El primero tiene que ver con la polémica arremetida contra el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y la expedita suspensión de dos magistradas por haber dictaminado el efecto suspensivo transitorio de la ley del Notariado, recientemente promulgada e impugnada por inconstitucional. El segundo caso, de naturaleza distinta, compromete al Tribunal Supremo Electoral (TSE), el mismo que resolvió no entregar ni transparentar el Padrón electoral biométrico a las organizaciones y los frentes políticos que participan del proceso electoral en curso, argumentando la necesidad de preservar la privacidad de los ciudadanos empadronados en tan sofisticado sistema.

Respecto al primer evento, ¿justifica que la ley notarial cause semejante revuelo, tan apresurado y vehemente llamado vicepresidencial para que se sancione de modo ejemplar a las magistradas por la “aberración jurídica” cometida y sus efectos desestabilizadores? Según los entendidos, se reaccionó desproporcionadamente, llamando la atención la celeridad de su tratamiento y el entusiasmo para posicionar, una vez más, el tema de la crisis terminal de la justicia en Bolivia y su extrema dependencia del poder político, al que añado, de la presión de organizaciones sociales y multitudes empoderadas. Ahora bien, además de la crisis de la justicia, lo verdaderamente importante tendría que ver con la preocupación del Vicepresidente por la intención de impedir que el Órgano Ejecutivo asuma la tuición de todos los registros notariales de propiedades, transacciones y declaraciones juradas, hoy bajo control del Poder Judicial. Este miedo ocultaría a la madre del cordero, cual sería la visión estalinista y policiaca del Estado implícita en esta medida.

Mientras ello ocurre en torno al entuerto judicial, la decisión de no publicar el Padrón Electoral, además de ilegal, ha motivado la airada protesta de frentes políticos y organizaciones ciudadanas interesadas en la transparencia y en la imparcial administración del proceso electoral. La respuesta y anuncio de proporcionar información estadística general del Padrón no satisface. Los partidos o, al menos sus delegados ante la corte, expertos y observadores electorales, debieran tener libre acceso a toda la información de un Padrón, que en ningún caso debiera considerarse como “clasificada”. No hacerlo, profundiza la desconfianza en el Padrón, en el TSE y en los también dudosos e imprecisos datos del censo de población, cuya falta de concordancia se ha denunciado.

Lo curioso es que mientras el TSE, encargado de garantizar la transparencia de todos los aspectos del proceso electoral, asume el rol protector de la seguridad y privacidad ciudadana que no le corresponde; por otra parte el Gobierno lamente no lograr el control de la información de los actos civiles de los ciudadanos, cuya privacidad debiera estar protegida de cualquier instrumentación política o privada y que supuestamente el Sistema Judicial independiente y probo debiera preservar.

Es de esperar que el TSE reconsidere su disposición y que la consulta sobre la inconstitucionalidad de la intención gubernamental de asumir control del sistema notarial sea debidamente abordada. Todo indica que en ambos asuntos está en juego el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las personas, en este caso amenazados por un Estado cuyos administradores de turno consideran como legítimo el poder de someter y controlar la vida de sus ciudadanos.