Exprefecto recibe sentencia de seis años y 10 meses de reclusión

Oruro, (EL DIARIO).- El exprefecto del departamento de Oruro, Alberto Luis Aguilar Calle, recibió una sentencia de 6 años y 10 meses de reclusión en la cárcel de San Pedro de esta capital, por haber sido encontrado responsable de los hechos de corrupción que terminaron con la anulación del proyecto Puerto Seco, el 2010.

Aguilar Calle dijo que la condena “es una exageración” y advirtió que apelará la sentencia, en forma inmediata. La sala donde se dictó la medida estuvo repleta de periodistas y de dirigentes de los microempresarios y dirigentes gremiales que esperaban una condena de esta naturaleza, después de haber fracasado el proyecto anhelado de Oruro.

Alberto Luis Aguilar Calle, de 56 años, nacido en el Centro Minero de Siglo XX, asumió el cargo de prefecto del departamento de Oruro, el 2006, luego de ganar las elecciones prefecturales, con el voto de las provincias y por el Movimiento al Socialismo (MAS).

Su inmediato colaborador, Tomás López Villarte, que desempeñaba el cargo de Secretario General, fue condenado a seis años de reclusión en el penal de San Pedro, mientras que la exdirectora administrativa y financiera, Patricia Catherine Jaldín Jallaza, recibió una sentencia de cuatro años de prisión.

El juez segundo de sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, Agustín Flores, también dictó la sentencia contra Victor Hugo Moreno, con dos años de reclusión, en su calidad de representante de la empresa Prointec, que tenía a su cargo la preparación del estudio a diseño final del proyecto Puerto Seco, pero el 31 de mayo de 2010, únicamente entregó carpetas incompletas del estudio. El exprefecto Aguilar, sin embargó firmó los documentos de recepción, como si habría concluido el proyecto, por un valor de 10 millones de bolivianos.

La sentencia detalla los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias, en la adjudicación del proyecto del Puerto Seco.

Aguilar Calle, dijo que hubo presión desde el gobierno, porque se encontraba en la audiencia la viceministra de transparencia, Jessica Saravia. “Ella debería estar trabajando”, dijo.

El fiscal Aldo Morales, que formó parte de la comisión de fiscales, dijo que la sentencia fue la más prudente, porque todos formaron parte de la comisión de los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos contra el Estado y el uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

Victor Hugo Moreno fue sancionado por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

“Se ha demostrado el mal manejo de los recursos del Estado, incumplimiento de normas para el desembolso de dinero y el daño económico a la ciudad de Oruro, que esperó casi diez años la ejecución de ese proyecto del Puerto Seco”, explicó.

Otro proceso que sigue en investigación, se refiere únicamente a la empresa Prointec, que estuvo integrada por varias pequeñas empresas que se adjudicaron partes del mismo estudio. El monto recibido fue de 5 millones de bolivianos. El restante no fue desembolsado.

Los jueces técnicos y jueces ciudadanos trabajaron en forma ininterrumpida durante los últimos días, para emitir la sentencia. El proceso tuvo una duración de cuatro años.