La verdad aunque duela
Los Medios de Comunicación (MC) desempeñan un rol fundamental en el funcionamiento del sistema democrático “vigente” en cada país, especialmente durante las campañas electorales, al brindar la información necesaria para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de forma libre y racional. En nuestro país, algo que no escapa a los ciudadanos y representantes de partidos políticos es que no encuentran en algunos MC, sobre todo en la televisión, el alcance “idóneo” para hacer llegar a los votantes los programas o mensajes de campaña y dar a conocer adecuadamente a sus líderes. El Gobierno en ejercicio tiene la obligación de garantizar la igualdad de oportunidades para todos los frentes que concurren a las elecciones, imponiendo la neutralidad y el respeto al pluralismo político de la información electoral.
En esta oportunidad, analizaremos desde un punto de vista crítico, algunas leyes que regulan en nuestro país el acceso de los partidos políticos a los MC (prohibición de contratar publicidad electoral, espacios gratuitos o pagados, etc.). Una regulación que hasta la fecha se ha basado más en la propaganda que en la confrontación de visiones o planes entre las distintas opciones. Por ello se pide debate electoral por ser la mejor vía para que los ciudadanos conozcan las diferentes propuestas políticas y decidan por quién votar…
En ámbitos académicos, en el pasado el espíritu crítico no era visto como una contribución al mejoramiento del trabajo que se planteaba o discutía. Entonces se llegó a la conclusión de que si sólo prevalece el capricho o el poder de los intelectuales ante las proposiciones verdaderas o falsas, las universidades no tendrían razón de ser, puesto que no habría verdades que descubrir, nada que averiguar o desentrañar. Ante esa situación, se instaló “el debate y la discusión crítica como base del progreso”. El filósofo Karl Popper explica que todas las posiciones tienen el carácter de provisional y por respeto a la opinión del otro, debemos estar abiertos a posibles refutaciones para dar lugar a un salto cuántico en el reservorio del humano. También Fontevecchia expresó: “En el debate el que pierde gana, porque se lleva la razón del otro”.
En los MC latinoamericanos, en particular en nuestro país, se nota una actitud receptiva a la discusión y crítica, no obstante que los operadores están bajo vigilancia permanente de los gobernantes y poderosos, razón por la cual crean leyes dañando a la libertad de información. Un ejemplo reciente de ello es el comunicado de la ATT de 3.8.14, al amparo de la ley 164 de Telecomunicaciones, que obligaba a todos los MC a transmitir en cadena nacional el mensaje presidencial del 6 de agosto pasado, a sabiendas de que se trató de una perorata de falacias y promesas electorales, que daña la salud mental del ciudadano.
El detrimento al pueblo no es reciente porque so pretexto de informar, durante 9 años, imponen o contratan espacios de publicidad electoral en todos los MC del “gobierno” y muchos privados, donde publicitan que “en la última década Bolivia se convirtió en un paraíso económico” (textual AGL). Según mi entender, se trata de un paraíso fiscal para todo lo ilegal, en especial para la corrupción y el narcotráfico.
Ante esta situación de chantaje a los MC, el impacto es contra los comunicadores, afines o no al Gobierno, algunos de los cuales olvidaron prestar mayor atención a la información electoral, o regular, por ejemplo, la celebración de debates electorales entre los principales candidatos, en vez de publicitar encuestas pagadas con dinero de extraña procedencia.
Desde esa perspectiva, los debates son una oportunidad para ver a los candidatos oficialistas sin tanta publicidad falaz de su propia imagen, en un formato real y frente a situaciones de presión por parte de sus casuales oponentes, del público o los moderadores. Por eso los debates son eventos muy significativos en toda campaña electoral, porque se verán los candidatos importantes cara a cara, discutiendo sobre los mismos tópicos. Los debates en la campaña llaman la atención de la audiencia, identifican asuntos ignorados, invitan a la deliberación y se convierten en un conflicto dramático, limitado a un tiempo breve, para responder a una audiencia. Es la única oportunidad para defender, con base en la lógica formal, la postura propia y rebatir la del oponente.
Las consecuencias para el candidato que se considere “ganador”, según las lecturas posteriores, pueden ser importantes en dicho contexto, siempre y cuando la consideración de ganador sea muy clara o cuando los MC con sus propios juicios vayan al unísono respecto al vencedor del debate, en lugar de mantener una mayor disparidad de opinión al respecto.
Con las anteriores consideraciones, en su condición de Doctor Honoris Causa de distintas universidades nacionales e internacionales, que ostenta el principal candidato del oficialismo, debería recapacitar e instruir al Tribunal Supremo Electoral para que declare la obligatoriedad de los debates televisados entre los principales contendientes, de lo contrario, se confirmaría que “un título no garantiza la real competencia ni la honestidad profesional o personal de quien la posee”.
De no ocurrir aquello, sugiero a los candidatos de la oposición, por el Derecho Constitucional que les asiste, efectuar los trámites necesarios ante el TSE, para la realización de los debates mencionados, reclamando “hasta las últimas consecuencias”, como se estila en el IPSP. Sería en defensa de una democracia plena para el pueblo…
El autor es docente universitario.
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