Hace 189 años que en la ciudad de La Plata (hoy Sucre) se firmó el Acta de la Independencia del Alto Perú, que antes de la llegada de los españoles se denominó Kollasuyo.
La república fue el resultado de 15 años de incesante lucha por la independencia de la colonia, años en los que se ofrendó sacrificio y vidas de los patriotas, pero una vez lograda la derrota de los ejércitos españoles, las corrientes pro peruanas y pro argentinas determinaron que el Mariscal Antonio José de Sucre convoque desde La Paz a un congreso de los representantes de las cinco provincias altoperuanas, para determinar su futuro. Ese congreso superando esas corrientes determinó la absoluta independencia, no sólo de España, sino de Perú y Argentina.
La nueva república se constituyó sobre los principios de las ideas más progresistas de ese tiempo, las del liberalismo o de libertades. El mismo Libertador Simón Bolívar, a quien la Asamblea le encomendó redactar la primera Constitución Política, expresó en su Proclama de 1 de enero de 1826 a los bolivianos: “recibirán la constitución más liberal del mundo”.
Sin embargo de haber aprobado en 1826 la constitución más avanzada ideológicamente de ese tiempo, la república nació carente de recursos económicos, pues la larga guerra independentista los consumió y paralizó sus actividades productivas, es decir nacimos pobres y salvo el periodo de gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz, mantuvimos la característica de una sociedad atrasada y pobre, en permanente situación de convulsión política. Además tuvimos que sostener varias guerras con nuestros ambiciosos vecinos, que nos arrebataron casi la mitad del territorio con el que nacimos a la vida independiente.
La situación de pobreza de la sociedad republicana boliviana ha sido la característica de nuestra vida independiente, en la que la entonces mayoría poblacional, indígena, fue mantenida en situación de “siervos de la gleba” con el pongueaje, hasta la reforma agraria de 1953 y el voto universal, que les otorgó la ciudadanía plena, les dotó de tierras y escuelas.
Pese a que nuestra Patria cuenta con ingentes recursos naturales renovables y no renovables, la pobreza es y ha sido la nota destacable de nuestra situación social. Somos el 14 país más pobre del mundo, y el nivel de desarrollo humano sigue entre los más bajos de Latinoamérica (el más bajo es Haití). El 80% de nuestra población está considerada en los niveles de pobreza y de ese 80, el 60% está en situación de extrema pobreza.
Si bien algún organismo internacional ha aplaudido la rebaja de nuestros índices de pobreza, únicamente atendiendo al aspecto contable de nuestra economía, el último informe sobre desarrollo humano de PNUD ratifica lo que señalamos.
Otros de los grandes problemas de nuestra vida republicana, ahora plurinacional, son la corrupción o deterioro de los términos de ética ciudadana y gubernamental, con altos índices de corrupción política de los administradores del Estado; la inseguridad ciudadana, por el aumento de la delincuencia; el irrespeto a la propiedad privada y los derechos ajenos; la ausencia de justicia institucional; la anomia ante la ley; la pérdida de credibilidad en los gobernantes; los excesos del poder político, etc. En especial en estos últimos tiempos el narcotráfico se ha instalado en nuestra sociedad y la amenaza por sus implicancias de apoderarse del poder político y convertirnos en una factoría de drogas. A esto hay que sumar el contrabando, que perjudica a la escasa producción manufacturera nacional, incumple el pago de tributos y nos convierte en cómplices al consumir estos productos. Pueblos enteros en el área rural están dedicados al contrabando y narcotráfico.
Otro mal de nuestra amada Patria es el de los malos gobiernos, por cuyo resultado tenemos la pobreza y corrupción. Si analizamos nuestra historia política, encontramos que en su decurso y salvo muy pocas excepciones, muchos de los gobernantes han sido malos, sin amor a la Patria ni vocación real para servirla; observamos ausencia de conocimientos científicos y humanistas para ejercer la administración de los intereses públicos; ambición exagerada por el poder, de tal suerte que la finalidad de sus gestiones ha sido y es el ejercicio del poder por el poder; el caudillismo personalista que los ha puesto por encima de la ley, el interés nacional y el servicio al bien común.
Pese a estos males que afectan a la libertad del pueblo, éste conserva su extraordinaria aptitud para conservar la Nación, recogiendo el mandato del Mariscal Sucre y tenemos la esperanza de que las nuevas generaciones reaccionen de su estado de “nomeimportismo” y como en las grandes contiendas para preservar nuestra heredad, aportarán su esfuerzo y sacrificio por la Patria.
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