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El país de la gasolina más barata del mundo y el mayor exportador de gas natural de América del Sur se aproximan a decisiones que marcarán sus economías: el fin de los subsidios o su reducción gradual. En Venezuela, donde usted llena el tanque de su vehículo (40 litros) por 15 bolivianos o menos, está abierto el debate. En Bolivia, donde la misma cantidad la cuesta 10 veces más y aún así es casi un quinto de lo que pagaría en Uruguay, el tema ha sido sólo accidentalmente mencionado, pero con seguridad estará en la agenda del país después de las elecciones del 12 de octubre.
En Venezuela, Nicolás Maduro ha sugerido que los mayores ingresos que pudiera generar una disminución de esas gangas que aún en la tierra de Jauja serían envidiables, sean destinados a gastos sociales y otras áreas poco relacionadas con la industria petrolera. La empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), un tiempo vista como una de las mejor administradas del área estatal en el mundo, percibe esa pretensión, aunque sus ejecutivos no lo digan abiertamente, como una oportunidad perdida para rescatarla de la asfixia financiera que la atribula. Gran parte de esa tribulación viene de los primeros años del “chavismo”, cuando la empresa perdió sus mejores cuadros técnicos y administrativos. Hugo Chávez los despidió masivamente en uno de sus programas por televisión.
En el más reciente paso para el sector, las autoridades han dicho que intentan vender CITGO, la cadena de surtidores de gasolina y otros carburantes que se extiende por gran parte del sur y centro de Estados Unidos (más de 5.000 estaciones de servicio). CITGO asegura para PDVSA un mercado de unos 700.000 barriles diarios de petróleo mediano y pesado, las calidades producidas por Venezuela. La venta de esa cadena es vista como parte del (des) orden administrativo que implantó Hugo Chávez.
CITGO costaría unos 15.000 millones de dólares, tres veces el costo de adquisición en la década de 1980 (en valores actualizados sería bastante más), pero nadie, que se sepa, ha mostrado interés. El precio, sin embargo, es lo de menos para un sector cuyos mercados prometen ser cada vez más disputados, a medida que avanza la explotación del “shale gas” que abunda en el norte del hemisferio. Estados Unidos comenzaría pronto a figurar entre los grandes exportadores e ingresaría al club de los países beneficiados con el boom del petróleo. Sería una extraña ironía.
Cómo sería la supresión gradual de los subsidios para la gasolina, en un período social y políticamente peligroso para Maduro y su régimen, es una apuesta abierta. Cuando ocurrió el último intento, hace 25 años, de poner fin al desangre de los carburantes a precio inferior al agua mineral (el país pierde miles de millones de dólares anualmente), Venezuela ardió y tres años después vino el primer intento de golpe militar dirigido por el teniente coronel de paracaidistas Chávez. Hubo un segundo intento a fines de 1992, que también fracasó.
El tema de los subsidios es crítico también en Bolivia. En subsidiar la gasolina y el diésel se van más de mil millones de dólares anuales, de los cuales la mitad es irrecuperable. También aquí el país estuvo a punto de arder a fines de 2010, cuando se intentó “nivelar” los precios.
No por permanecer en bajo perfil la cuestión es irrelevante. Los economistas, inclusive el Ministerio de Hacienda y la propia YPFB, lo saben. El dinero que se va en subsidios se “come” gran parte de los ingresos por las exportaciones de gas, y bien podría ser utilizado en exploración y explotación. Nadie discute seriamente la irracionalidad de mantenerlos y en algún momento la cuestión saldrá a flote. Hay un conteo regresivo en marcha.
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