Trámites son normales y aplican anterior Ley de Notariado

Los diversos trámites que realiza la población ante los notarios de Fe Pública los hace de forma regular puesto que, ante la suspensión de la nueva Ley del Notariado 483, se pone en vigencia la anterior norma número 358 para todos los procedimientos legales tanto de la población, de las entidades privadas y estatales.

La afirmación corresponde al presidente del Colegio de Notarios de Fe Pública de La Paz, Marcelo Baldivia, y al experto abogado constitucionalista William Bascopé, quienes en contacto con EL DIARIO explicaron, por separado, el escenario en torno a la suspensión de la nueva Ley del Notario y el proceso judicial que enfrentan las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Soraida Chánez y Ligia Velásquez.

“El trabajo que estamos realizando los notarios, por lo menos en el distrito de La Paz no está siendo perjudicado porque se aplica la anterior ley en todo lo que corresponde como todo lo relativo a contratos, donaciones, transferencias, reconocimiento de firmas, poderes, todo aquello que se hace regularmente se lo sigue haciendo”, afirmó Baldivia.

El representante aseguró que solo en algunos trámites relacionados directamente con la aplicación de la nueva Ley del Notariado como el capítulo de Vía Voluntaria Notarial están en suspenso porque no se tiene el reglamento respectivo.

“Todo aquello que está sujeto a reglamentación en la nueva Ley del Notariado como los trámites voluntarios en materia familiar o civil que son nuevos no se pueden aplicar pero todo lo demás se sigue haciendo, no es que estemos paralizados”, manifestó el representante.

ATAQUE

Para el vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García, la suspensión de la Ley del Notariado 483 por parte de los magistrados Chanéz, Velásquez y Cusi es un ataque y una conspiración contra el Estado boliviano y la población en general, motivo por el cual instruyó emitir un fallo que siente precedente en estos hechos.

“El Estado en su conjunto está siendo objeto de un ataque sin precedentes, de un ataque y conspiración legal que puede llevar a una parálisis absoluta del funcionamiento de ministerios de gobernaciones, de municipios y de empresas estatales”, afirmó y agregó que este es un daño económico al Estado, al ámbito jurídico y es un abuso.

“Esta decisión de estos tres tribunos atenta contra el Estado, atenta contra las instituciones pero también atenta contra el ciudadano porque la Ley del Notariado que estos señores la han suspendido tenía un conjunto de beneficios a los ciudadanos”.

MENTIRA

Al respecto, William Bascopé coincidió con Baldivia al señalar que el trabajo de los notarios en el país se realiza de forma normal dado que si una ley o norma se observa y se suspende, se pone en vigencia la anterior normativa para que todos los trámites se sigan realizando de forma regular y por lo tanto, nunca hubo un vacío legal ni se puso en peligro al Estado.

“Eso de que están afectando al Estado y a la población es una verdadera falacia. Es una cobardía que intenten manipular de esa forma a la ciudadanía. Los actores políticos que están manipulando esto están socavando el mismo proyecto de estado que está en la CPE y están violando los mismos principios constitucionales que se ha proyectado en la Asamblea Constituyente y el presidente Evo Morales tiene que darse cuenta de ello, no le están contando las verdades detrás de este juicio y que lamentablemente estos personajes oscuros no han explicado eso y están manipulando al parlamento y al Senado para violar la institucionalidad del Tribunal Constitucional y pasar por encima de la Constitución Política del Estado”

SENADO

Tras que la Cámara de Diputados suspendiera y sancionara a las magistradas Soraida Chánez y Ligia Velásquez con un juicio de responsabilidades por la suspensión de la Ley del Notariado, la pasada semana el pleno de la Cámara de Senadores se constituyó en Tribunal de sentencia para el proceso contra estas autoridades

El Tribunal de Sentencia está conformado por 26 senadores y senadoras, informó el presidente del Senado, Eugenio Rojas. También se conformó la “Comisión de verificación de excusas o recusaciones” que está compuesta por los senadores oficialistas, Julio Salazar, Sandra Soriano y de oposición Marcelo Antezana, quienes conocerán y resolverán las excusas y recusación en el proceso contra las suspendidas componentes del Tribunal Constitucional.

Rojas indicó también que las acusadas serán notificadas en “cualquier momento”, una vez notificadas, y cuando ya presenten su descargo, verán “cómo instalan la comisión de sentencia”.

PROCESO

Según la explicación del Presidente de la Asamblea Legislativa, la sanción y el proceso que se inició en el Parlamento contra las dos magistradas es porque ambas junto a su colega Gualberto Cusi cometieron un acto que va en contra de los procedimientos constitucionales al haber suspendido la norma al momento en que admitieron la demanda de inconstitucionalidad.

“El delito del Tribunal Constitucional es de suspender la aplicación de la Ley al momento de admitir el tratamiento de esa ley cuando el reglamento del TC dice que toda ley es constitucional hasta en tanto el TC no emita un fallo, una sentencia que diga que es inconstitucional, mientras tanto es constitucional, pero estos señores admiten una demanda y ya suspenden la ley”, aseveró García.

En tanto, el experto constitucionalista, Williams Bascopé, indicó que efectivamente una de las atribuciones del Legislativo es enjuiciar a altas autoridades del Estado en caso de que éstas hayan cometido actos irregulares en el cumplimiento de sus funciones. Este proceso deriva de una previa investigación y una vez que hallados indicios serios se autoriza el juicio donde “el Senado se convierte en una especie de tribunal, de jueces de magistrados”.

DEFECTUOSO

Sin embargo, según el análisis de Bascopé, este es un proceso defectuoso, sin asidero ni materia justiciable porque la determinación de suspender la Ley del Notariado fue asumida bajo la protección del Código Procesal Constitucional que les otorga atribuciones a los magistrados de proceder en esos términos.

“Lo que ellos han hecho es suspender la Ley del Notariado bajo la disposición clara del Código Procesal Constitucional lo que les permiten tomar las medidas pertinentes que sean necesarias. Es decir los que aprobaron esa ley del Código Procesal Constitucional dejaron esa posibilidad a los magistrados y ahora los mismos legisladores les están llevando a un juicio. Los que han proyectado el Código Procesal Constitucional saben muy bien que les han permitido eso”.

Manipulado, malintencionado y sin sustento jurídico, es como califica Bascopé el juicio en contra de las dos magistradas del TCP, proceso en el que los asambleístas del Legislativo estarían siendo manipulados.

“Este es un juicio que no tiene asidero ni materia justiciable porque lamentablemente diputados con una simple denuncia indicando que ellos habrían excedido o habrían incumplido la Constitución o habrían emitido resoluciones contrarias como el tema de prevaricato, no tiene sustento jurídico por el simple hecho de que el Código Procesal Constitucional le permite a los magistrados asumir esa medida”, sostuvo.