Estado alista propuesta de compensación a PAE

El procurador general del Estado, Héctor Arce Zaconeta, dijo que el Estado aún analiza el monto de la indemnización por la demanda internacional de arbitraje que inició la petrolera Pan American Energy (PAE) en el Ciadi, por la nacionalización de sus acciones en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Chaco SA (50% del paquete accionario). Sus acciones fueron nacionalizadas el 23 de enero de 2009, a través del Decreto Supremo 29888.

“Nosotros vamos a llegar a un acuerdo por la suma que establezca el Estado boliviano en función de los elementos ordenados por el Decreto Supremo”, afirmó Arce a tiempo de remarcar que el Estado no reconoce la competencia del Ciadi, donde fue interpuesta la demanda internacional de arbitraje por la petrolera PAE que pide una indemnización $us 1.496 millones.

LOS PROCESOS

El Estado afronta ocho procesos interpuestos por compañías extranjeras que demandan el pago de una compensación, por la nacionalización de empresas.

Entre las empresas están Rurelec y PAE en el tema de hidrocarburos; Abertis por la administración de los aeropuertos, y Air BP por la distribución de gasolina de aviación en los aeropuertos.

Los otros cuatro no tienen demandas formales de arbitraje como el de Mallku Khota, que se encuentran en la fase de acercamiento y algunos con notificaciones de demandas.

La Subprocuraduría de Defensa asume acciones legales en dos casos con notificación de controversia de las firmas Iberbolivia de Inversones SA y Red Eléctrica Internacional y dos con notificación de arbitraje de South American Silver Limited y de Air BP.

Hasta el pasado año Guaracachi America Inc. y Rurelec, Quibórax & Non Metallic Minerals, Abertis Infraestructuras y Pan American Energy (PAE) demandaban al Estado una compensación de $us 1.870 millones.

Abertis Infraestructuras SA pide $us 86 millones por la expropiación de Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA (Sabsa); Rurelec 142 millones de dólares y Quibórax Non Metalic Minerals $us 146 millones.

En el caso de Rurelec, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya ordenó al Estado boliviano el pago de $us 31,53 millones por la nacionalización de la Empresa Eléctrica Guaracachi.